Una pareja estadounidense presentó una demanda legal contra una clínica de fertilidad en Florida luego de descubrir que el bebé nacido tras un tratamiento de reproducción asistida no posee vínculo genético con ninguno de los dos padres.

Según los documentos judiciales presentados en el Condado de Orange, Steven Mills y Tiffany Score, residentes de Florida, acudieron al Centro de Fertilidad de Orlando —operado por IVF Life Inc.— para realizar un procedimiento de fertilización in vitro (IVF) con embriones que habían congelado en 2020.

Tras el nacimiento de su hija en diciembre de 2025, la pareja notó rasgos físicos que no concordaban con los suyos, lo que desencadenó la realización de pruebas genéticas que confirmaron que la recién nacida no comparte ADN con ninguno de ello.

Demandas y reclamos

En la demanda, presentada el 22 de enero, los padres sostienen que hubo un error en la implantación del embrión y exigen que la clínica:

• Informe a otros pacientes que tuvieron embriones almacenados en el centro durante el periodo en el que se produjo el procedimiento.
• Financie pruebas genéticas para nacimientos recientes atendidos en sus instalaciones.
• Proporcione un detalle del destino de los embriones congelados, dado que los propios podrían haber sido implantados en otra mujer.

En la demanda, presentada el 22 de enero, los padres sostienen que hubo un error en la implantación del embrión y exigen que la clínica:

• Informe a otros pacientes que tuvieron embriones almacenados en el centro durante el periodo en el que se produjo el procedimiento.
• Financie pruebas genéticas para nacimientos recientes atendidos en sus instalaciones.
• Proporcione un detalle del destino de los embriones congelados, dado que los propios podrían haber sido implantados en otra mujer.

Los demandantes han expresado que, aunque se han encariñado profundamente con la niña, sienten una obligación moral y legal de localizar a los padres biológicos de la menor.

La clínica ha afirmado que está cooperando con la investigación, aunque retiró de su sitio web un comunicado previo relacionado con el caso tras una audiencia judicial.

Respuesta de la clínica y proceso legal

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la falta de regulaciones estrictas a nivel federal que supervisen procedimientos de reproducción asistida en Estados Unidos, lo que genera debates sobre estándares de seguridad, control de calidad y protección de los derechos de los pacientes.

La causa continúa su curso, con audiencias previstas para determinar los próximos pasos en torno al reclamo y la posible notificación a otros pacientes afectados.

La moción presentada por varios eurodiputados cuestiona la base jurídica del acuerdo y si ciertas cláusulas podrían limitar la capacidad legislativa de la UE en temas como medio ambiente o normas sanitarias.

Si bien el acuerdo fue firmado hace apenas días en Paraguay, tras más de dos décadas de negociaciones, esta decisión legislativa introduce una instancia clave: será la justicia europea la que determine si el tratado respeta plenamente los tratados fundacionales del bloque comunitario antes de que pueda ser ratificado por el Parlamento.

Impacto y reacciones

• Retraso considerable: El dictamen del Tribunal podría tardar entre 18 y 24 meses, lo que frena el calendario previsto para poner en marcha el acuerdo.
• Divisiones internas: La votación refleja tensiones dentro de la UE sobre la apertura de mercados y las consecuencias para sectores sensibles, como la agricultura.
• Posible aplicación provisional: Aunque la ratificación está suspendida, existe la posibilidad de que algunas partes del acuerdo, como la reducción de aranceles, puedan aplicarse de manera provisional si así lo decide la Comisión Europea.

Este giro inesperado complica uno de los pactos comerciales más ambiciosos entre Europa y América Latina y agrega incertidumbre a las relaciones económicas entre ambos bloques.

En un giro inédito desde el inicio de las protestas masivas que sacuden Irán desde finales de diciembre de 2025, un alto funcionario del régimen admitió este martes que cerca de 2.000 personas han muerto durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales. Es la primera vez que las autoridades reconocen oficialmente una cifra tan alta de víctimas, aunque expertos y organizaciones de derechos humanos aseguran que el número real podría ser significativamente mayor.

La declaración, brindada a la agencia internacional Reuters bajo condición de anonimato, señala que ese número incluye tanto a manifestantes como a miembros de las fuerzas de seguridad, y atribuye las muertes a lo que el régimen ha calificado de “terroristas”, sin ofrecer un desglose detallado de las víctimas.

Protestas y contexto

Las movilizaciones estallaron a fines de diciembre de 2025, inicialmente como protesta por la grave situación económica, la inflación galopante y la devaluación de la moneda, que deterioraron fuertemente el poder adquisitivo de la población. Con el avance de los días, los reclamos se transformaron en un movimiento más amplio contra el modelo político teocrático que rige el país desde la revolución islámica de 1979.

Miles de personas salieron a las calles en más de 180 ciudades y localidades de Irán, demandando justicia social, mayores libertades y responsabilizando al liderazgo clerical por la crisis.

Contrastes en las cifras

Antes de esta admisión oficial, organizaciones independientes como Iran Human Rights (IHR) habían reportado, con métodos de verificación cruzada, que el número de fallecidos podría superar los 6.000, cifra muy superior a las declaraciones del régimen.

Incluso medios opositores mencionan informes no confirmados que elevan la cifra de muertos hasta las 12.000 personas desde el inicio de las protestas, lo que convertiría esta represión en una de las más sangrientas de la historia moderna del país.

La falta de acceso a internet y las restricciones de comunicación impuestas por las autoridades han dificultado enormemente la verificación independiente de estos números.

Respuesta internacional y presión diplomática

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por el uso de la fuerza contra manifestantes mayoritariamente pacíficos y calificó la violencia como “horrífica”, instando al respeto de los derechos fundamentales de la población.

Gobiernos de diversos países también han reaccionado. El Reino Unido, por ejemplo, condenó enérgicamente lo que describió como el “brutal asesinato de protestantes” durante las movilizaciones y llamó al respeto de las libertades civiles, además de anunciar posibles sanciones ampliadas contra Irán.

Bloqueo de comunicaciones y control interno

Como parte de la estrategia para contener las protestas, las autoridades iraníes implementaron cortes de internet y servicios de comunicación internacional, limitando la capacidad de los manifestantes y observadores externos de documentar y transmitir información en tiempo real.

Al mismo tiempo, el gobierno acusa a potencias extranjeras, especialmente a Estados Unidos e Israel, de interferir y fomentar disturbios, una narrativa repetida por la dirigencia teocrática para desviar la atención de las causas internas de la crisis.

Una crisis persistente

Las protestas en Irán representan el desafío interno más serio para el régimen en años, consolidando un descontento social que va más allá de lo económico y que cuestiona el modelo político vigente. A pesar de la represión, las movilizaciones no han cesado, señalando una fractura profunda entre una parte significativa de la población y el liderazgo político.

En un hecho que conmocionó a Australia y al mundo, las autoridades de Sídney han vinculado el mortal ataque ocurrido el pasado domingo en la popular playa de Bondi con la ideología del Estado Islámico (EI). La masacre, que se produjo durante una celebración de la festividad judía de Janucá, dejó al menos 15 personas muertas y más de 40 heridas, y fue calificada oficialmente como un acto terrorista antisemita.

El ataque ocurrió la tarde del domingo cuando dos hombres abrieron fuego contra la multitud reunida en Bondi Beach, una de las zonas costeras más emblemáticas de Sídney. Según las fuentes oficiales, el saldo fue trágico: 15 víctimas fatales y decenas de heridos, entre ellos civiles y agentes policiales.

Uno de los presuntos atacantes, Sajid Akram, de 50 años, fue abatido por la policía durante el enfrentamiento. Su hijo, Naveed Akram, de 24 años, resultó gravemente herido y permanece hospitalizado en estado crítico bajo custodia policial.

Las investigaciones preliminares revelaron evidencias que apuntan a un vínculo ideológico con el Estado Islámico. En el vehículo utilizado en el ataque se encontraron banderas caseras de ISIS y artefactos explosivos improvisados, lo que reforzó la hipótesis de una motivación extremista detrás del atentado.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, sostuvo públicamente que el ataque “parece haber estado motivado por la ideología del Estado Islámico”, destacando que esta corriente extremista representa una “ideología de odio” que llevó a los atacantes a cometer asesinatos en masa durante una festividad religiosa.

Según fuentes oficiales, la policía australiana también está investigando un viaje que padre e hijo realizaron recientemente a Filipinas, donde grupos vinculados al Estado Islámico siguen activos, aunque todavía no se ha determinado concretamente si recibieron formación o apoyo allí.

El atentado en Bondi Beach representa uno de los episodios más sangrientos en Australia en décadas, comparable con otras masacres que han marcado la historia reciente del país. En respuesta, el Gobierno australiano anunció que reforzará las leyes de armas y los controles de seguridad para prevenir futuros ataques, además de intensificar los esfuerzos de inteligencia y cooperación internacional contra el extremismo violento.