La Municipalidad de Córdoba reabrió hasta el 30 de noviembre próximo la posibilidad de que los empleados se adhieran a la Pasividad Anticipada Voluntaria. Están en condiciones de acceder alrededor de 700 personas de todas las áreas, a excepción de Salud y Educación, salvo los docentes que estén en situación pasiva certificada por Medicina Laboral.
Es la tercera vez desde que se inició la gestión de Martín Llaryora que se apela a este mecanismo que, según las autoridades municipales, busca reducir el costo salarial. El año pasado, la primera oportunidad fue entre febrero y mayo, y accedieron 475 empleados. Luego, se reabrió en junio, y adhirieron otros 295 municipales. En total, fueron 770 agentes sobre un universo de 1.438 personas que estaban en condiciones de acceder: que le falten menos de 10 años para jubilarse.
La pasividad supone la percepción de un salario reducido hasta el momento de la jubilación, y libera al agente de las obligaciones laborales. Sobre el particular, la subsecretaria de Capital Humano del municipio, Liliana Guananjay, explicó que se tomó la decisión de reabrir la pasividad anticipada a pedido de los propios empleados.
De hecho, el universo al que está dirigido está compuesto por 700 personas: las que no accedieron el año pasado y las que este año quedan a menos de una década para jubilarse, reveló en un informe el periodista Diego Marconetti.
Según lo que establece la ley provincial 8.836, quienes adhieren a la pasividad cobran el 70% de su salario si les faltan hasta cinco años para jubilarse; el 68% si les faltan seis años; el 66% si les faltan siete; el 64 si les faltan ocho; el 62 si les faltan nueve, y el 60% si les faltan 10 años, es decir, los hombres de 55 y las mujeres de 50.
Ahora surge sí un elemento diferente: el salario sobre el que se calcula es menor al de 2020, ya que se tomará lo percibido hasta el 31 de octubre y es sobre una jornada laboral de seis horas, en lugar de las siete establecidas el año pasado. Altas fuentes del gabinete municipal aseguraron que el ahorro salarial de estas medidas es importante (se calcula que fueron 750 millones de pesos el año pasado) y que esos puestos no son cubiertos por nuevos empleados.
“Acá había que tratar de acomodar los números. Eso tuvo diferentes procesos: eliminar la séptima hora, la modificación del régimen de horas extra, bonificaciones, y la PAV”, detalló. “Los que accedieron, era personal que tenía un altísimo costo salarial”, agregó. La misma fuente desestimó, además, cualquier posibilidad de pase a planta permanente de los empleados que están hoy en transitoria.
