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Estiman que los daños del derrame de crudo afectarán al menos seis años la costa de Perú
Una misión de expertos de Naciones Unidas acaba de calcular que las consecuencias del derrame de petróleo de Repsol en el mar peruano afectarán el entorno de la costa central del país de seis a diez años, según precisaron al presentar al Ejecutivo sus hallazgos y recomendaciones en torno al desastre ambiental.
“La misión presentó un adelanto de su informe, que será entregado al Gobierno durante esta semana. Mostró su interés en asesorar el trabajo multisectorial que se realiza para enfrentar los problemas causados por el derrame”, comentó el nuevo ministro del Ambiente, el científico Modesto Montoya.
El vertido se produjo el 15 de enero y ya afecta a 112 kilómetros cuadrados de mar y litoral, incluidas dos áreas naturales protegidas. La oficina local de la ONU difundió un comunicado el mismo viernes con sus principales hallazgos y recomendaciones.
En él no se especifica un periodo de duración del impacto, aunque sí se advierte de posibles efectos “a largo plazo”, sin especificar fechas, en especies como mariscos o conchas de modo que pide un plan de monitoreo con el que determinar cuándo es saludable consumir de nuevo los productos marinos.
El Ministerio de Ambiente de Perú estimó el vertido en 11.900 barriles de petróleo que llegaron al mar de la región Callao cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la tubería de cuatro kilómetros de la infraestructura submarina de la refinería La Pampilla.
Repsol reduce el número a 10.396. La diferencia en las estimaciones es nimia frente a la magnitud del desastre.
El fiscal a cargo de la investigación por delito ambiental dispuso que un perito revisara un tramo de la infraestructura para determinar la causa del derrame, pero para moverlo necesitan que el ducto esté vacío.
El diario La República informó de que el magistrado suspendió la diligencia de retiro del ducto debido a que en las instalaciones aún quedaban a finales de la semana pasada 2.200 barriles de petróleo.
Repsol inició acciones legales contra el armador del petrolero y su aseguradora, alegando que un desplazamiento brusco del buque arrancó de cuajo las mangueras y el sistema de descarga de crudo, que según el supervisor peruano estaban “en perfecto estado” en la última revisión.
Los expertos de Naciones Unidas estiman que 600 toneladas métricas de crudo afectaron a la costa y han generado más de 40.000 toneladas métricas de residuos contaminados.
La misión, formada por 11 especialistas latinoamericanos y europeos, elaboró la evaluación con corte al 7 de febrero, y planteó sus hallazgos el viernes al primer ministro, Aníbal Torres, cinco ministros y autoridades de las seis entidades que participan en la contención del desastre ambiental, entre ellas la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Marina) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Después de tres días de recorrer la zona, el equipo calificó el derrame como “grave”, un “nivel que pone a dura prueba las capacidades de respuesta de cualquier país”, adelantó entonces un comunicado de Naciones Unidas. En su comunicado del viernes indica que “producto de los procesos naturales y las operaciones de limpieza, a 15 días del derrame ya no se evidenciaba la presencia de una gran mancha continua de crudo en el mar. Lo que se observa es la presencia de pequeñas zonas aisladas de contaminación”.
La misión identificó en un mapa -de las regiones Callao y Lima- las zonas de cuevas, acantilados y rocas con hidrocarburo, otras con espuma emulsionada que crea contaminación en la costa, irisaciones en el mar, manchas metálicas cerca de la línea del litoral, y espuma emulsionada entre islas y la costa. Citando a Repsol, dijo que la limpieza de la polución avanzó ya en un 60%.
Los expertos han propuesto como acciones prioritarias la elaboración de un padrón de afectados; un sistema de comando del incidente -en el que participen el Estado y Repsol-; un análisis de necesidades post desastre; un plan de monitoreo ambiental; y un plan de trabajo y comunicación con las comunidades afectadas.
Además, la misión mencionó que el marco legal estatal no ha permitido al Estado abordar de manera integral la emergencia, sino que ha constatado una respuesta fragmentada, no sistemática. Los especialistas destacaron que es necesario poner un foco mayor en la población damnificada.
En la nota de prensa difundida la noche del sábado, la oficina de Naciones Unidas de Perú describe que el derrame afectó a las costas de cinco distritos al norte del punto del derrame y a 80 kilómetros de litoral, y ello “lo convierte el peor desastre ecológico que ha afectado al país en su historia reciente”. La ONU agrega que el impacto en la vida silvestre y los recursos naturales afecta “duramente a las comunidades locales especialmente, pero no solo a las familias que viven de la pesca y de actividades relacionadas con el turismo”.
En el comunicado la entidad urge a que se realice un análisis integral de la población afectada -por daños, impacto por lucro cesante, género, edad y ubicación-, debido a que hasta el 11 de febrero no existía evidencia de que éste se hubiera realizado. Con dicha evaluación, agrega, podrían garantizarse mecanismos de comunicación y participación de las comunidades en los planes de asistencia y recuperación económica.
Desde que ocurrió el vertido el 15 de enero, debido a la inestabilidad y la crisis política del Gobierno de Pedro Castillo, ya han pasado tres ministros del Ambiente. El viernes, la autoridad ambiental reportó que impuso a Repsol una primera multa de 122.000 dólares por no haber identificado e informado -en el plazo legal- cuáles son las zonas afectadas por el vertido.
El director ejecutivo de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, informó el viernes que terminarán la limpieza en marzo y que luego pasarían a la fase de reparación ambiental. Los parlamentarios pidieron información sobre el destino final de los residuos contaminados, pero los ejecutivos de la compañía respondieron que no contaban con esa información.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó también una declaración debido al impacto social a causa del derrame y llamó a las instituciones financieras y de desarrollo y a la comunidad internacional “a cooperar con Perú para brindar ayuda humanitaria de emergencia”.
Un estudio científico confirmó la presencia de trazas de medicamentos de uso cotidiano en el agua del Río de la Plata, entre ellos sildenafil (viagra), paracetamol e ibuprofeno, lo que volvió a encender las alertas sobre la contaminación farmacológica en cursos de agua de la región.
La investigación fue realizada por especialistas del CONICET y universidades públicas, quienes analizaron muestras tomadas en distintos puntos del río y detectaron concentraciones bajas pero persistentes de estos compuestos, que llegan al agua principalmente a través de efluentes cloacales y descargas urbanas insuficientemente tratadas.
¿Qué encontraron los investigadores?
Según detallaron los científicos, los fármacos identificados forman parte del consumo masivo de la población y no son eliminados por completo en las plantas de tratamiento, lo que permite que ingresen al ambiente acuático.
Entre las sustancias detectadas se encuentran:
- Paracetamol e ibuprofeno, analgésicos de uso frecuente.
- Sildenafil, principio activo del Viagra.
Si bien las concentraciones halladas no representan un riesgo inmediato para la salud humana, los especialistas advirtieron que la exposición continua puede generar efectos acumulativos en la fauna acuática, como alteraciones hormonales y cambios en el comportamiento de peces y otros organismos.
Los investigadores remarcaron que la presencia de medicamentos en ríos y lagos es un fenómeno observado a nivel mundial, asociado al crecimiento urbano, el consumo sostenido de fármacos y la falta de infraestructura adecuada para su eliminación.
En ese sentido, subrayaron la necesidad de mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales, promover el uso responsable de medicamentos y avanzar en políticas públicas que reduzcan el impacto ambiental de estos contaminantes emergentes.
El estudio vuelve a poner en agenda el debate sobre la calidad del agua y el cuidado de uno de los principales recursos hídricos del país, clave tanto para el ecosistema como para millones de personas que dependen del Río de la Plata
El Gobierno nacional remitió al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley para reformar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, vigente desde 2010, con el objetivo de actualizar el marco normativo, dar mayor claridad jurídica y reforzar un esquema de federalismo ambiental.
La iniciativa fue formalizada este lunes a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, y ahora será debatida por los legisladores durante las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas para este mes.
¿Qué propone la reforma?
Según el Gobierno, la ley actual presenta “graves falencias interpretativas” que han generado inseguridad jurídica y paralizado inversiones productivas, especialmente en sectores vinculados a la minería y otros proyectos productivos en zonas cordilleranas.
El proyecto apunta a:
- Proteger únicamente los glaciares y ambientes periglaciales que cumplan una función hídrica efectiva, según criterios técnicos.
- Fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconociendo su capacidad técnica y científica.
- Ordenar y clarificar el alcance del Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA) para contar con información más precisa y actualizada.
- Consolidar un modelo de federalismo ambiental compatible con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que equilibran la protección del ambiente con el desarrollo humano y el dominio de los recursos naturales por parte de las provincias.
El Gobierno ha pedido que el Congreso le dé un tratamiento rápido al proyecto, destacando que la reforma es parte del rumbo de política ambiental que impulsa la administración actual, orientado a “terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado y liberar las fuerzas productivas del país”.
Desde la organización ambiental Jóvenes por el Clima Argentina expresaron su rechazo al proyecto enviado por el Ejecutivo y advirtieron que una modificación de la Ley de Glaciares podría significar un retroceso en materia de protección ambiental.
A través de un comunicado, señalaron que la norma vigente “es una herramienta clave para resguardar las reservas estratégicas de agua dulce del país” y alertaron que limitar su alcance podría habilitar actividades extractivas en zonas sensibles, con impactos irreversibles sobre los ecosistemas de montaña y las comunidades que dependen de esos recursos.
Además, reclamaron que cualquier cambio legislativo sea debatido con participación de la comunidad científica, organizaciones ambientales y la sociedad civil, y subrayaron la importancia de mantener el principio precautorio frente a proyectos que puedan afectar glaciares y ambientes periglaciales.
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Avanza la causa Sur Finanzas: allanan una mansión en Pilar vinculada a Tapia y Toviggino y secuestran vehículos de alta gama
La Justicia Federal realizó este viernes un amplio operativo en una residencia de Pilar que los investigadores relacionan con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero del organismo, Pablo Toviggino, a través de presuntos intermediarios. El procedimiento forma parte de la causa que indaga el funcionamiento de Sur Finanzas y el presunto manejo irregular de fondos.
El allanamiento fue ordenado por el juez Daniel Rafecas, quien dispuso además la incautación de varios autos de colección y modelos de lujo encontrados dentro de la propiedad. Peritos especializados trabajaron en el lugar para identificar los bienes y avanzar con su tasación.
La medida se suma a otras acciones recientes llevadas a cabo en diferentes domicilios de Pilar y de la Ciudad de Buenos Aires, asociados a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como posibles testaferros de los dirigentes. Las pesquisas hacen foco en la sociedad Real Central SRL, que estaría ligada al movimiento de fondos bajo sospecha.
En esos operativos anteriores, la Policía Federal secuestró computadoras, teléfonos y documentación relevante para la investigación. Además, Rafecas impuso restricciones migratorias para los involucrados, luego de recibir un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que detallaba transacciones financieras consideradas inusuales.
Este caso forma parte de una investigación más amplia que ya incluyó allanamientos en la AFA y en 17 clubes del fútbol argentino, en el marco de presuntas maniobras de lavado de dinero y crecimiento patrimonial que ahora están bajo revisión judicial.
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Córdoba lanza la tarjeta Micronauta: quiénes deben tramitarla, para qué sirve y cómo será el reemplazo de Red Bus
La Provincia de Córdoba comenzó el proceso de implementación de la tarjeta Micronauta, el nuevo sistema de pago que reemplazará a Red Bus para los usuarios que acceden a los distintos boletos sociales y educativos. La transición se extenderá hasta fin de año y será obligatoria para miles de estudiantes, docentes, trabajadores estatales, adultos mayores y beneficiarios de programas provinciales.
Micronauta será, desde 2026, la única tarjeta válida para utilizar el Boleto Educativo Cordobés (BEC), el Boleto Adulto Mayor (BAM) y el Boleto Social Cordobés (BSC). Red Bus seguirá funcionando hasta el 31 de diciembre, pero desde el 1° de enero los beneficios solo podrán utilizarse con el nuevo plástico.
Qué es la tarjeta Micronauta
Micronauta es una tarjeta exclusiva para los beneficios subsidiados por la Provincia, pensada para reemplazar el soporte físico de Red Bus y adaptarse al nuevo sistema de validación del transporte urbano. A diferencia de SUBE, que se usa para viajes comunes, Micronauta se destina únicamente a programas sociales y educativos, y será necesaria incluso para quienes no pagan el pasaje pero deben registrar su viaje.
El cambio forma parte de una modernización tecnológica impulsada por la Provincia para unificar criterios, mejorar controles y facilitar la renovación anual de beneficios.
Quiénes deben sacarla
Deberán tramitar la tarjeta Micronauta todas las personas que utilicen:
- Boleto Educativo Cordobés (BEC): estudiantes, docentes y personal no docente de todos los niveles.
- Boleto Adulto Mayor (BAM): jubilados y pensionados beneficiarios del programa.
- Boleto Social Cordobés (BSC): personas en situación de vulnerabilidad registradas en el programa.
En total, se estima que más de 180.000 usuarios deberán cambiar su tarjeta antes de fin de año.
Quedan exceptuados los beneficiarios del Boleto Obrero Social (BOS), que pasarán al sistema SUBE, no a Micronauta.
Cómo se hace el trámite
El trámite es presencial, gratuito y solo requiere:
- DNI
- Tarjeta Red Bus actual (si la persona ya la tiene)
Los puntos habilitados incluyen:
- Centros de Participación Comunal (CPC)
- Palacio 6 de Julio
- Terminal de Ómnibus T1 y T2
- Sedes de la Secretaría de Transporte Provincial
En todos los casos, el personal carga automáticamente el beneficio en la nueva tarjeta, por lo que los usuarios no deben hacer gestiones adicionales.
Qué pasa con la tarjeta Red Bus
Aunque Red Bus continuará en uso hasta el 31 de diciembre, la transición ya comenzó y se recomienda realizar el cambio cuanto antes para evitar demoras. El saldo cargado en Red Bus no se transfiere a Micronauta, por lo que los usuarios deberán consumirlo antes del fin de año.
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