El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María anunció este jueves la grilla de la que será su edición número 57, que se desarrollará entre el 6 y el 16 de enero de 2023 y tendrá, como de costumbre, su epicentro el anfiteatro José Hernández.
Las autoridades del evento jesusmariense confirmaron el listado de artistas que estará presente en esta segunda edición presencial luego de la histórica suspensión de enero de 2021 a raíz de la pandemia. Según informaron desde la organización, el costo total de esta edición ascenderá a los 350 millones de pesos.
Al igual que en sus últimas versiones, el festival confirmó su perfil cada vez más heterogéneo en materia musical.
GRILLA COMPLETA DE LA EDICIÓN 57 DCEL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE DE JESÚS MARÍA
ENTRADAS
En cuanto a los tickets para la edición 57, las 10 noches que forman parte de la programación “histórica” del festival tendrán una entrada general de $ 3.500 (más costo por servicio). El lunes 16, ese precio aumentará a $ 4.000 más el servicio. Menores (de 5 a 11 años) y jubilados pagarán el 50% del ticket general en las 11 jornadas.
En cuanto a las plateas, las mismas tendrán un costo de entre $ 8.000 y $ 12.000 (más el service charge) dependiendo de cada día. Las conservadoras, que se podrán ingresar durante todo el festival excepto el lunes 16, se cobrarán $ 3.500.
Este jueves, el BCRA anunció una nueva baja de interés del 10% a través de un comunicado, por lo que el rendimiento de los plazos fijos pasará del 5% al 4,2%,
“La decisión del BCRA se toma en consideración del contexto financiero y de liquidez y se fundamenta en el rápido ajuste de expectativas de inflación, en el afianzamiento del ancla fiscal, y en el impacto monetario contractivo”, dijo el BCRA.
Es la segunda baja en una semana, y la quinta desde el cambio de gobierno. La medida impactará en los plazos fijos y en la remuneración por los saldos de las billeteras virtuales.
La Confederación General del Trabajo organizó una movilización en honor al Día del Trabajador, inició por la avenida Independencia hasta Paseo Colón y culminó en el Monumento Canto al Trabajo, frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Además de los sindicatos, se sumaron grupos de trabajadores desempleados y en condiciones precarias.
Durante la concentración, hubo una fuerte crítica hacia el Presidente, expresada en un comunicado que lo acusa de llevar a cabo un severo ajuste en nombre de una libertad de mercado malinterpretada.
“Ratificamos el paro del 9 de mayo. Nunca estuvo en duda”, dijo Héctor Daer, uno de los referentes, al abrir la conferencia en la CGT. Además, expresó que la CGT planea encontrarse con los senadores nacionales de diversos partidos con el fin de evitar la aprobación de la Ley Bases.
Finalmente hubo acuerdo entre el gremio de choferes del servicio interurbano de pasajeros (Aoita) y las empresas del sector, por lo que no habrá paros en el sector.
Las dos cámaras que agrupan a las empresas del sector (Asetac y Fetap) llegaron estatarde a un acuerdo salarial para los próximos meses, y con ello quedó sin efecto la amenaza del sindicato de iniciar un paro por tiempo indeterminado.
El acuerdo salarial prevé dos pagos no remunerativos para los choferes por los meses de abril y mayo, equivalentes a un 50 % de incremento sobre el salario de cada categoría (alrededor de $ 300.000 cada mes), y un aumento remunerativo sobre el básico del 58 % a partir de junio, que implicará una suba promedio de unos $ 350.000 para los trabajadores del sector. Además, desde el jueves los viáticos que perciben los choferes se ajustan un 29 % y desde junio un 58 %.
Tras 25 horas de sesión especial en el que se aborda la Ley de Bases, la Cámara de Diputados eliminó la moratoria previsional a través de la votación en particular del título 9 que creó la «Prestación de Retiro Proporcional». El resultado de la votación dejó 125 votos a favor, 113 en contra y tres abstenciones.
La última moratoria previsional puesta en marcha por el Gobierno de Alberto Fernández permitía que personas que no habían llegado a los 30 años de aportes jubilatorios durante su ejercicio laboral pudieran igualmente acceder a una jubilación mínima a través de un programa en el que se les iba descontando de las cuotas de los haberes lo correspondiente por los años adeudados.
El Gobierno de Javier Milei consideró que no es justo para las personas que aportaron durante 30 o más años financiar a aquellas personas que por distintas circunstancias no llegaron a hacerlo.
De acuerdo a esta visión, la generalización de las moratorias y la universalización jubilatoria condujo a un achatamiento de la pirámide que va en detrimento de los ingresos de los jubilados que hicieron contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) «durante toda su vida» laboral.
En reemplazo de la moratoria, el Gobierno incluyó un sistema similar a la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) que reconocía el 80% de los haberes de una jubilación mínima para aquellas personas que no hubieran alcanzado los 30 años de aportes requeridos por regla general.
Justamente la nueva «Prestación de Retiro Proporcional» propone otorgar a las personas que no cumplen con los requisitos para jubilarse un proporcional por los años de aportes, con un mínimo del 80% del haber de una jubilación mínima.