El gobierno nacional le quitará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 31 mil millones de pesos para transferirlos a la Provincia de Buenos Aires.
El conflicto que generó un sector de la Policía de Buenos Aires buscando recomposiciones salariales, encendió en el sistema político y la sociedad, todas las alarmas del sistema democrático argentino. Cualquier reclamo que las fuerzas de seguridad realicen bajo el incumplimiento de las normas jurídicas, ponen en duda el sistema jerárquico de la conducción en las Fuerzas de Seguridad y constituyen un riesgo para la estabilidad de gobierno.
Ante la falta de respuesta del Ministro de Seguridad de Bs. As, Sergio Berni, la respuesta más simple y rápida para para no continuar dañando la figura presidencial y el funcionamiento de la seguridad bonaerense, fue transferir un 1% de coparticipación de la CABA a la Provincia de Bs. As. Este traspaso representa 31 mil millones de pesos en el presupuesto actual y se transformarían el año que viene, en 45 mil millones de pesos.
Lo que llama la atención, es la apertura de una interna donde incluso parte del oficialismo, solicita el apartamiento de Sergio Berni. La imagen positiva que el Ministro de Seguridad bonaerense acumula en la provincia, no le agrada a un importante sector del peronismo.
Pero otra de las rupturas más importantes en el dialogo político nacional, se dio cuando el Ministro del Interior, Wado de Pedro, le avisó tres minutos antes al jefe de gobierno porteño, el recorte presupuestario que sufriría. Para Horacio Rodríguez Larreta, esta actitud fue una traición. Las diferencias entre el Nación y CABA, se resolverán en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo al pasar las horas, las principales fuerzas políticas dejaron en claro su posición. Si bien el reclamo salarial se considera legítimo, las formas, representan en un momento político complejo, importantes riesgos a la gobernabilidad del gobierno nacional.
Si bien este conflicto no es comparable a los sufridos por Alfonsín en la década del 80 o lo sucedido en el paro policial en la Provincia de Córdoba durante el gobierno de José Manuel de la Sota, Alberto Fernández agradeció el “apoyo a la institucionalidad” de distintos sectores de la política y la sociedad.
