Denuncian a Julio Iglesias por imponer ecografías, pruebas de VIH y otros abusos a sus empleadas: el caso que sacude al mundo

Julio Iglesias, una de las figuras más emblemáticas de la música internacional, quedó envuelto en una controversia de alto impacto tras conocerse denuncias judiciales que lo señalan por presuntos abusos sexuales, prácticas laborales irregulares y vulneraciones graves a los derechos de trabajadoras que se desempeñaron en sus residencias privadas.

Las acusaciones fueron presentadas por dos mujeres que trabajaron como empleadas internas en propiedades del artista ubicadas en el Caribe. Según sus relatos, durante el período en el que estuvieron contratadas habrían sido sometidas a situaciones de control, humillaciones, acoso y exigencias médicas injustificadas, en un contexto que describen como de sometimiento y abuso de poder.

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia tiene que ver con la imposición de exámenes médicos invasivos que, según las mujeres, no guardaban relación alguna con sus tareas laborales. De acuerdo a su testimonio, el entorno del cantante les exigía realizarse ecografías ginecológicas, análisis de sangre y pruebas para detectar VIH, clamidia, hepatitis y embarazo.

Las denunciantes sostienen que estos estudios eran obligatorios y que, una vez realizados, los resultados debían ser enviados completos a personas del círculo íntimo del artista, lo que implicó el acceso a información médica privada y sensible sin su consentimiento. Este punto es considerado clave por los investigadores, ya que podría constituir una grave violación al derecho a la intimidad y a la normativa laboral vigente.

Más allá de los exámenes médicos, las mujeres describen un clima laboral marcado por el miedo, la presión constante y la falta de límites claros entre lo personal y lo profesional. Aseguran haber sido objeto de comentarios sexuales, insinuaciones, tocamientos no consentidos y situaciones de intimidación, además de jornadas laborales extensas, sin contratos formales ni descansos adecuados.

También denunciaron restricciones a su libertad, control sobre sus movimientos y comunicaciones, y una dependencia total del entorno del cantante para cuestiones básicas como alojamiento, traslados y atención médica. En ese contexto, afirman que denunciar o abandonar el trabajo resultaba extremadamente difícil.

Las denuncias fueron presentadas ante la Justicia española, que analiza la competencia para investigar hechos ocurridos fuera del país, dado que el acusado es ciudadano español y las presuntas víctimas también mantienen vínculos con España. La Fiscalía ya dispuso avanzar con la toma de declaración de las denunciantes en condición de testigos protegidas, un paso clave para resguardar su seguridad y evitar represalias.

El proceso judicial deberá determinar si los hechos encuadran en delitos como agresión sexual, trata de personas, trabajo forzado, acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales, además de posibles infracciones a convenios internacionales sobre trabajo doméstico y derechos humanos.

Hasta el momento, Julio Iglesias no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones. Tampoco lo hicieron de manera formal sus representantes legales. El silencio contrasta con la magnitud del impacto que el caso generó tanto en España como a nivel internacional, donde el cantante es considerado una figura histórica de la música popular.