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El Gobierno envió al Congreso el proyecto para reformar la Ley de Glaciares

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El Gobierno nacional remitió al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley para reformar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, vigente desde 2010, con el objetivo de actualizar el marco normativo, dar mayor claridad jurídica y reforzar un esquema de federalismo ambiental.

La iniciativa fue formalizada este lunes a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, y ahora será debatida por los legisladores durante las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas para este mes.

¿Qué propone la reforma?

Según el Gobierno, la ley actual presenta “graves falencias interpretativas” que han generado inseguridad jurídica y paralizado inversiones productivas, especialmente en sectores vinculados a la minería y otros proyectos productivos en zonas cordilleranas.

El proyecto apunta a:

  • Proteger únicamente los glaciares y ambientes periglaciales que cumplan una función hídrica efectiva, según criterios técnicos.
  • Fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconociendo su capacidad técnica y científica.
  • Ordenar y clarificar el alcance del Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA) para contar con información más precisa y actualizada.
  • Consolidar un modelo de federalismo ambiental compatible con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que equilibran la protección del ambiente con el desarrollo humano y el dominio de los recursos naturales por parte de las provincias.

El Gobierno ha pedido que el Congreso le dé un tratamiento rápido al proyecto, destacando que la reforma es parte del rumbo de política ambiental que impulsa la administración actual, orientado a “terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado y liberar las fuerzas productivas del país”.

Desde la organización ambiental Jóvenes por el Clima Argentina expresaron su rechazo al proyecto enviado por el Ejecutivo y advirtieron que una modificación de la Ley de Glaciares podría significar un retroceso en materia de protección ambiental.

A través de un comunicado, señalaron que la norma vigente “es una herramienta clave para resguardar las reservas estratégicas de agua dulce del país” y alertaron que limitar su alcance podría habilitar actividades extractivas en zonas sensibles, con impactos irreversibles sobre los ecosistemas de montaña y las comunidades que dependen de esos recursos.

Además, reclamaron que cualquier cambio legislativo sea debatido con participación de la comunidad científica, organizaciones ambientales y la sociedad civil, y subrayaron la importancia de mantener el principio precautorio frente a proyectos que puedan afectar glaciares y ambientes periglaciales.

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