Las 11.215 personas que aloja el Sistema Penitenciario Federal en la actualidad siguen demandando soluciones. Es que la saturación de los complejos carcelarios no es una novedad.
De manera formal, ahora el gobierno nacional reconoció que los tres años de «emergencia en materia penitenciaria” no fueron suficientes, y prorrogó la medida implementada durante la gestión de Mauricio Macri por otros dos años.
La resolución 436/2022 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La norma aclara que la situación no cambió sustancialmente en los últimos tiempos, pese al avance de las obras para la creación de dos complejos: «Condenados de Agote» y «Coronda».
El primero, ubicado en un predio del Ministerio en la bonaerense localidad de Mercedes, cuenta en su primera etapa con un avance del 52,7% y el segundo, sobre la ruta provincial 64 que atraviesa la ciudad santafesina, se construyó en un 81,28 por ciento.
Con estas dos cárceles, se aumentaría en 1.614 la capacidad de detenidos federales. Los plazos para su culminación son mediados de 2023 y principios de 2024, respectivamente.
El texto, firmado por el ministro del área, Martín Soria, acusa a su vez al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de suspender «de manera unilateral» la construcción del Complejo Penitenciario Federal V de Marcos Paz, «incumpliendo los compromisos asumidos» y negando la posibilidad de ampliar en 2.240 plazas el sistema.
Esto, se remarca, «representa afectaciones de derechos que en casos extremos pueden implicar graves vulneraciones al derecho a condiciones carcelarias dignas consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional».
En su momento, durante el macrismo se reconoció que «se alojaba a internos por encima de la capacidad operativa» y se preveía un incremento en las detenciones por el cambio normativo. Sin embargo, la resolución remarca que «las construcciones de infraestructura carcelaria previstas nunca se realizaron» y la pandemia tuvo un impacto negativo.
De hecho, debido al coronavirus hubo que tomar «decisiones operativas de carácter extraordinario» y se destaca un «número significativo de personas alojadas en las provincias en dependencias y destacamentos ajenos al Servicio Penitenciario Federal que esperan cupos para poder ingresar al sistema federal».
La resolución permite «ampliar la conformación de la comisión de Emergencia en materia penitenciaria» creada en su momento y la convoca a «la elaboración de propuestas de reformas u otras políticas públicas que permitan resolver el déficit habitacional» en las cárceles federales, además de «mejorar las condiciones de privación de la libertad y promover e implementar medidas alternativas, en particular para grupos especialmente vulnerables».
