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Estiman que los daños del derrame de crudo afectarán al menos seis años la costa de Perú
Una misión de expertos de Naciones Unidas acaba de calcular que las consecuencias del derrame de petróleo de Repsol en el mar peruano afectarán el entorno de la costa central del país de seis a diez años, según precisaron al presentar al Ejecutivo sus hallazgos y recomendaciones en torno al desastre ambiental.
“La misión presentó un adelanto de su informe, que será entregado al Gobierno durante esta semana. Mostró su interés en asesorar el trabajo multisectorial que se realiza para enfrentar los problemas causados por el derrame”, comentó el nuevo ministro del Ambiente, el científico Modesto Montoya.
El vertido se produjo el 15 de enero y ya afecta a 112 kilómetros cuadrados de mar y litoral, incluidas dos áreas naturales protegidas. La oficina local de la ONU difundió un comunicado el mismo viernes con sus principales hallazgos y recomendaciones.
En él no se especifica un periodo de duración del impacto, aunque sí se advierte de posibles efectos “a largo plazo”, sin especificar fechas, en especies como mariscos o conchas de modo que pide un plan de monitoreo con el que determinar cuándo es saludable consumir de nuevo los productos marinos.
El Ministerio de Ambiente de Perú estimó el vertido en 11.900 barriles de petróleo que llegaron al mar de la región Callao cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la tubería de cuatro kilómetros de la infraestructura submarina de la refinería La Pampilla.
Repsol reduce el número a 10.396. La diferencia en las estimaciones es nimia frente a la magnitud del desastre.
El fiscal a cargo de la investigación por delito ambiental dispuso que un perito revisara un tramo de la infraestructura para determinar la causa del derrame, pero para moverlo necesitan que el ducto esté vacío.
El diario La República informó de que el magistrado suspendió la diligencia de retiro del ducto debido a que en las instalaciones aún quedaban a finales de la semana pasada 2.200 barriles de petróleo.
Repsol inició acciones legales contra el armador del petrolero y su aseguradora, alegando que un desplazamiento brusco del buque arrancó de cuajo las mangueras y el sistema de descarga de crudo, que según el supervisor peruano estaban “en perfecto estado” en la última revisión.
Los expertos de Naciones Unidas estiman que 600 toneladas métricas de crudo afectaron a la costa y han generado más de 40.000 toneladas métricas de residuos contaminados.
La misión, formada por 11 especialistas latinoamericanos y europeos, elaboró la evaluación con corte al 7 de febrero, y planteó sus hallazgos el viernes al primer ministro, Aníbal Torres, cinco ministros y autoridades de las seis entidades que participan en la contención del desastre ambiental, entre ellas la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Marina) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Después de tres días de recorrer la zona, el equipo calificó el derrame como “grave”, un “nivel que pone a dura prueba las capacidades de respuesta de cualquier país”, adelantó entonces un comunicado de Naciones Unidas. En su comunicado del viernes indica que “producto de los procesos naturales y las operaciones de limpieza, a 15 días del derrame ya no se evidenciaba la presencia de una gran mancha continua de crudo en el mar. Lo que se observa es la presencia de pequeñas zonas aisladas de contaminación”.
La misión identificó en un mapa -de las regiones Callao y Lima- las zonas de cuevas, acantilados y rocas con hidrocarburo, otras con espuma emulsionada que crea contaminación en la costa, irisaciones en el mar, manchas metálicas cerca de la línea del litoral, y espuma emulsionada entre islas y la costa. Citando a Repsol, dijo que la limpieza de la polución avanzó ya en un 60%.
Los expertos han propuesto como acciones prioritarias la elaboración de un padrón de afectados; un sistema de comando del incidente -en el que participen el Estado y Repsol-; un análisis de necesidades post desastre; un plan de monitoreo ambiental; y un plan de trabajo y comunicación con las comunidades afectadas.
Además, la misión mencionó que el marco legal estatal no ha permitido al Estado abordar de manera integral la emergencia, sino que ha constatado una respuesta fragmentada, no sistemática. Los especialistas destacaron que es necesario poner un foco mayor en la población damnificada.
En la nota de prensa difundida la noche del sábado, la oficina de Naciones Unidas de Perú describe que el derrame afectó a las costas de cinco distritos al norte del punto del derrame y a 80 kilómetros de litoral, y ello “lo convierte el peor desastre ecológico que ha afectado al país en su historia reciente”. La ONU agrega que el impacto en la vida silvestre y los recursos naturales afecta “duramente a las comunidades locales especialmente, pero no solo a las familias que viven de la pesca y de actividades relacionadas con el turismo”.
En el comunicado la entidad urge a que se realice un análisis integral de la población afectada -por daños, impacto por lucro cesante, género, edad y ubicación-, debido a que hasta el 11 de febrero no existía evidencia de que éste se hubiera realizado. Con dicha evaluación, agrega, podrían garantizarse mecanismos de comunicación y participación de las comunidades en los planes de asistencia y recuperación económica.
Desde que ocurrió el vertido el 15 de enero, debido a la inestabilidad y la crisis política del Gobierno de Pedro Castillo, ya han pasado tres ministros del Ambiente. El viernes, la autoridad ambiental reportó que impuso a Repsol una primera multa de 122.000 dólares por no haber identificado e informado -en el plazo legal- cuáles son las zonas afectadas por el vertido.
El director ejecutivo de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, informó el viernes que terminarán la limpieza en marzo y que luego pasarían a la fase de reparación ambiental. Los parlamentarios pidieron información sobre el destino final de los residuos contaminados, pero los ejecutivos de la compañía respondieron que no contaban con esa información.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó también una declaración debido al impacto social a causa del derrame y llamó a las instituciones financieras y de desarrollo y a la comunidad internacional “a cooperar con Perú para brindar ayuda humanitaria de emergencia”.
A través de una resolución de la Administración de Parques Nacionales, se habilitó un régimen experimental para permitir celebraciones y reuniones de pequeña escala en el Área Cataratas. Cuáles son las restricciones ambientales y los límites de asistentes.
En un nuevo paso hacia la flexibilización y desregulación de las actividades turísticas y comerciales en áreas protegidas, el Gobierno Nacional a través de la Administración de Parques Nacionales (APN) oficializó este lunes la creación de un régimen especial para la realización de «microeventos» dentro del Parque Nacional Iguazú.
La medida, plasmada en la Resolución 460/2025 publicada en el Boletín Oficial, establece un marco «excepcional, transitorio y experimental» con una vigencia inicial de un año. El objetivo declarado por las autoridades es agilizar la tramitación de actividades de pequeña escala que, según la Intendencia del Parque, ya se venían solicitando de manera sistemática en los sectores de uso público intensivo.
¿Qué es un «microevento» y quiénes pueden realizarlos?
La normativa define como microeventos a todas aquellas actividades privadas de baja escala que no superen los 60 participantes. Bajo este nuevo paraguas legal, se podrían llevar a cabo desde brindis institucionales y meriendas exclusivas en el balcón de la Garganta del Diablo, hasta presentaciones protocolares o actividades educativas de corto alcance.
A diferencia de los grandes eventos tradicionales (como maratones o filmaciones de gran despliegue), estos encuentros tendrán un trámite administrativo simplificado. Los interesados deberán:
- Presentar una solicitud con al menos cinco días hábiles de antelación.
- Suscribir una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental.
- Contratar el servicio a través de los concesionarios habilitados en el área.
Estrictas restricciones ambientales
Para mitigar el impacto en uno de los ecosistemas más biodiversos de la Argentina, la APN impuso una serie de condiciones innegociables para los organizadores:
- Límite de frecuencia: Solo se permitirán hasta dos microeventos por día.
- Contaminación sonora: Queda estrictamente prohibido el uso de dispositivos de música, megáfonos o parlantes que puedan perturbar a la fauna local o a los demás visitantes.
- Tecnología y residuos: No se permite el vuelo de drones ni el uso de plásticos de un solo uso. Toda la basura generada deberá ser retirada íntegramente por el organizador.
- Infraestructura: Está prohibido instalar cualquier tipo de estructura fija o anclada al suelo que altere el paisaje natural.
- Prioridad al visitante: Los eventos no podrán, bajo ninguna circunstancia, obstruir la libre circulación del público general ni restringir el acceso a los miradores o pasarelas.
El «periodo de prueba»
La resolución establece que, antes de cumplirse el año de vigencia, la Intendencia del Parque deberá elevar un Informe de Cierre de la Instancia Experimental. En dicho reporte se evaluará si los microeventos afectaron la conservación o la experiencia del turista común. En base a esos resultados, se decidirá si el régimen se convierte en permanente o si se suspende definitivamente.
Con esta decisión, las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, abren una nueva etapa donde el sector privado ganará protagonismo en el corazón de la selva misionera.
En un hecho poco común y que sorprendió a la comunidad científica y a los vecinos de la costa bonaerense, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo fue hallado varado en la playa de San Clemente del Tuyú, lo que desencadenó un operativo de rescate de gran envergadura por parte de la Fundación Mundo Marino.
El suceso ocurrió el martes 16 de diciembre por la tarde, cuando un zifio, un cetáceo de mar abierto cuya presencia cercana a las costas es extremadamente rara, fue encontrado en la orilla en estado de vulnerabilidad. El aviso se recibió cerca de las 19:30 y enseguida se activó un protocolo de emergencia para intentar salvar al animal.
Los equipos de rescate se organizaron rápidamente para asistir al zifio, un ejemplar macho juvenil de aproximadamente 4,32 metros de largo y cerca de una tonelada de peso, lo cual dificultó considerablemente las maniobras en condiciones de baja visibilidad.
Durante varias horas, los especialistas realizaron maniobras continuas para reintroducir al animal en su hábitat natural, intentando mantenerlo en aguas poco profundas y facilitar que pudiera recuperar energía para nadar mar adentro por sus propios medios. Sin embargo, el cetáceo mostraba un patrón de natación circular, regresando repetidamente a la orilla, lo que suele asociarse a cuadros clínicos graves, especialmente en animales marinos varados.
A pesar del persistente esfuerzo del equipo durante la noche, el zifio fue encontrado sin vida la mañana siguiente, cerca del lugar donde había sido asistido. El cuerpo fue trasladado al Centro de Rescate de Mundo Marino, donde se realizó la correspondiente necropsia. Los primeros estudios preliminares indicaron que el animal presentaba cuadros de neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal, factores que probablemente influyeron de manera determinante en su fallecimiento.
Este tipo de eventos son especialmente excepcionales en Argentina. Según los registros de la propia Fundación, desde 1987 se han documentado muy pocos casos de zifios varados vivos en las costas del país, lo que hace de cada aparición una oportunidad valiosa para comprender más sobre esta especie marin profunda que normalmente evita las cercanías a la tierra.
Los zifios forman parte de la familia Ziphiidae, conocidos también como “ballenas de pico”, y se caracterizan por vivir en aguas oceánicas profundas, donde realizan inmersiones extraordinarias para alimentarse de calamares y peces. Su comportamiento esquivo y su estadía prolongada bajo el agua hacen que sean uno de los grupos de cetáceos más misteriosos y menos estudiados del planeta.
Así, aunque el operativo no logró salvar al ejemplar, el esfuerzo de los rescatistas resalta la importancia de actuar con urgencia y dedicación ante estos eventos, y subraya la necesidad de seguir investigando y protegiendo determinadas especies marinas que, por su naturaleza remota, enfrentan mayores desafíos de conservación.
Ahora
Filtración histórica de datos en Argentina: más de 1 TB de información personal expuesta y un alerta nacional de seguridad
El 18 y 19 de diciembre de 2025 se conoció una de las filtraciones de datos personales más grandes registradas en la historia de Argentina, con más de 1 terabyte de información sensible circulando por la dark web. El hecho encendió alarmas en sectores de ciberseguridad, gobierno, organizaciones civiles y especialistas en protección de datos personales, y reavivó el debate sobre la regulación y vigilancia de la información privada de millones de ciudadanos.
¿Qué ocurrió exactamente?
Según reportes especializados, el incidente comenzó a difundirse en foros clandestinos de la dark web a través de publicaciones atribuidas a un sitio dedicado a monitorear actividades de ciberdelincuentes. La filtración correspondería a más de 1 TB de datos sensibles de ciudadanos argentinos, supuestamente provistos por una empresa llamada SudamericaData, que continuó operando bajo el nombre Work Management luego de una clausura judicial en 2023.
Aunque aún no se ha confirmado oficialmente por organismos estatales, especialistas y medios independientes advirtieron que el alcance y detalle de los datos filtrados podrían representar un nivel de exposición sin precedentes en el país.
¿Qué datos se filtraron?
De acuerdo con las publicaciones en la dark web y fuentes periodísticas, la filtración incluiría:
Base de datos y registros de organismos públicos
- Información fiscal atribuida a AFIP/ARCA, con decenas de millones de registros.
- Registros del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA) sobre titularidad de vehículos.
- Datos laborales y previsionales de ANSES, incluyendo teléfonos, correos, direcciones, salarios y relaciones laborales.
- Información de jubilados y beneficiarios de subsidios estatales.
Información de entidades privadas
- Bases compiladas de números de teléfonos celulares de los principales operadores.
- Millones de direcciones de correo electrónico usadas en campañas de marketing.
Otros activos filtrados
- Código fuente y datos internos de sistemas operativos de la empresa involucrada, que podrían facilitar explotaciones futuras si los mismos sistemas siguen activos.
Esta combinación de bases de datos heterogéneas significa que actores maliciosos podrían reconstruir perfiles detallados de individuos — identificando no solo datos básicos, sino también rutas de contacto, historial laboral y vínculos con organismos del Estado.
Hasta el momento no hubo una confirmación oficial de todos los detalles por parte de organismos estatales —como el Gobierno, la Agencia Federal de Ciberseguridad o el ENACOM— ni se ha difundido un registro público de afectados. Lo que sí queda claro es que este episodio marca un punto de inflexión para cómo se protege, regula y audita la gestión de datos personales en Argentina.
Especialistas en seguridad digital y derechos digitales señalan que esta filtración podría ser un llamado de atención histórico: la necesidad de una legislación más robusta, de mecanismos de respuesta frente a incidentes y de educación ciudadana sobre ciberseguridad cotidiana.
Este miércoles comienza regir el sistema de multas para sancionar a padres de niños que hagan bullying y no tomen medidas de precaucion para evitralo.
Según lo establecido por la Ley 9.682, oficializada este miércoles tras su aprobación legislativa el 19 de noviembre, el nuevo marco legal faculta a la Justicia para imponer trabajos comunitarios y capacitaciones educativas a los padres o tutores responsables.
Según el nuevo texto legal, cuando se compruebe que un menor ha incurrido en conductas de hostigamiento, maltrato o bullying de manera sistemática, los responsables directos del niño podrán ser procesados bajo la Justicia de Faltas.
A diferencia de otras legislaciones, la Ley 9.682 no solo busca castigar el bolsillo, sino también generar un impacto pedagógico en el núcleo familiar.
Los montos se calculan en Unidades Fijas (UF), lo que permite que el valor se mantenga actualizado frente a la inflación. En los casos más graves de acoso escolar, las multas podrían alcanzar cifras significativas, dependiendo de la reincidencia y el daño causado a la víctima.
Este es el punto más innovador de la ley. La Justicia podrá ordenar que los padres realicen:
- Servicios a la comunidad: Tareas de limpieza, mantenimiento o apoyo en entidades públicas.
- Capacitaciones obligatorias: Cursos sobre crianza positiva, inteligencia emocional y prevención de la violencia, con el fin de otorgar herramientas para corregir la conducta del menor en el hogar.
El proceso: ¿Cómo se llega a la sanción?
Para evitar denuncias infundadas, la ley establece un protocolo claro:
- Instancia Escolar: Primero se deben agotar las vías internas del colegio bajo los protocolos de convivencia de la Dirección General de Escuelas (DGE).
- Denuncia y Prueba: Si la situación persiste o la gravedad lo amerita, el caso llega a la Justicia de Faltas.
- Investigación: Se evalúa el contexto, las pruebas del hostigamiento y el rol que cumplieron los padres ante las advertencias previas de la escuela.
La implementación de esta ley ha generado opiniones divididas entre especialistas en educación y derecho.
Por un lado, los defensores de la norma argumentan que es la única forma de que las familias se involucren seriamente en la conducta social de sus hijos. «La escuela no puede sola; si no hay un correlato en la casa, el acoso no frena», sostienen desde sectores legislativos.
Por otro lado, psicopedagogos advierten que la punición a los padres podría tensionar aún más el ambiente familiar, y subrayan la importancia de que las multas no reemplacen el abordaje psicológico necesario para ambos niños: el acosado y el acosador.
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