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Estiman que los daños del derrame de crudo afectarán al menos seis años la costa de Perú
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Una misión de expertos de Naciones Unidas acaba de calcular que las consecuencias del derrame de petróleo de Repsol en el mar peruano afectarán el entorno de la costa central del país de seis a diez años, según precisaron al presentar al Ejecutivo sus hallazgos y recomendaciones en torno al desastre ambiental.
“La misión presentó un adelanto de su informe, que será entregado al Gobierno durante esta semana. Mostró su interés en asesorar el trabajo multisectorial que se realiza para enfrentar los problemas causados por el derrame”, comentó el nuevo ministro del Ambiente, el científico Modesto Montoya.
El vertido se produjo el 15 de enero y ya afecta a 112 kilómetros cuadrados de mar y litoral, incluidas dos áreas naturales protegidas. La oficina local de la ONU difundió un comunicado el mismo viernes con sus principales hallazgos y recomendaciones.
En él no se especifica un periodo de duración del impacto, aunque sí se advierte de posibles efectos “a largo plazo”, sin especificar fechas, en especies como mariscos o conchas de modo que pide un plan de monitoreo con el que determinar cuándo es saludable consumir de nuevo los productos marinos.

El Ministerio de Ambiente de Perú estimó el vertido en 11.900 barriles de petróleo que llegaron al mar de la región Callao cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la tubería de cuatro kilómetros de la infraestructura submarina de la refinería La Pampilla.
Repsol reduce el número a 10.396. La diferencia en las estimaciones es nimia frente a la magnitud del desastre.
El fiscal a cargo de la investigación por delito ambiental dispuso que un perito revisara un tramo de la infraestructura para determinar la causa del derrame, pero para moverlo necesitan que el ducto esté vacío.
El diario La República informó de que el magistrado suspendió la diligencia de retiro del ducto debido a que en las instalaciones aún quedaban a finales de la semana pasada 2.200 barriles de petróleo.
Repsol inició acciones legales contra el armador del petrolero y su aseguradora, alegando que un desplazamiento brusco del buque arrancó de cuajo las mangueras y el sistema de descarga de crudo, que según el supervisor peruano estaban “en perfecto estado” en la última revisión.
Los expertos de Naciones Unidas estiman que 600 toneladas métricas de crudo afectaron a la costa y han generado más de 40.000 toneladas métricas de residuos contaminados.
La misión, formada por 11 especialistas latinoamericanos y europeos, elaboró la evaluación con corte al 7 de febrero, y planteó sus hallazgos el viernes al primer ministro, Aníbal Torres, cinco ministros y autoridades de las seis entidades que participan en la contención del desastre ambiental, entre ellas la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Marina) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Después de tres días de recorrer la zona, el equipo calificó el derrame como “grave”, un “nivel que pone a dura prueba las capacidades de respuesta de cualquier país”, adelantó entonces un comunicado de Naciones Unidas. En su comunicado del viernes indica que “producto de los procesos naturales y las operaciones de limpieza, a 15 días del derrame ya no se evidenciaba la presencia de una gran mancha continua de crudo en el mar. Lo que se observa es la presencia de pequeñas zonas aisladas de contaminación”.
La misión identificó en un mapa -de las regiones Callao y Lima- las zonas de cuevas, acantilados y rocas con hidrocarburo, otras con espuma emulsionada que crea contaminación en la costa, irisaciones en el mar, manchas metálicas cerca de la línea del litoral, y espuma emulsionada entre islas y la costa. Citando a Repsol, dijo que la limpieza de la polución avanzó ya en un 60%.

Los expertos han propuesto como acciones prioritarias la elaboración de un padrón de afectados; un sistema de comando del incidente -en el que participen el Estado y Repsol-; un análisis de necesidades post desastre; un plan de monitoreo ambiental; y un plan de trabajo y comunicación con las comunidades afectadas.
Además, la misión mencionó que el marco legal estatal no ha permitido al Estado abordar de manera integral la emergencia, sino que ha constatado una respuesta fragmentada, no sistemática. Los especialistas destacaron que es necesario poner un foco mayor en la población damnificada.
En la nota de prensa difundida la noche del sábado, la oficina de Naciones Unidas de Perú describe que el derrame afectó a las costas de cinco distritos al norte del punto del derrame y a 80 kilómetros de litoral, y ello “lo convierte el peor desastre ecológico que ha afectado al país en su historia reciente”. La ONU agrega que el impacto en la vida silvestre y los recursos naturales afecta “duramente a las comunidades locales especialmente, pero no solo a las familias que viven de la pesca y de actividades relacionadas con el turismo”.
En el comunicado la entidad urge a que se realice un análisis integral de la población afectada -por daños, impacto por lucro cesante, género, edad y ubicación-, debido a que hasta el 11 de febrero no existía evidencia de que éste se hubiera realizado. Con dicha evaluación, agrega, podrían garantizarse mecanismos de comunicación y participación de las comunidades en los planes de asistencia y recuperación económica.
Desde que ocurrió el vertido el 15 de enero, debido a la inestabilidad y la crisis política del Gobierno de Pedro Castillo, ya han pasado tres ministros del Ambiente. El viernes, la autoridad ambiental reportó que impuso a Repsol una primera multa de 122.000 dólares por no haber identificado e informado -en el plazo legal- cuáles son las zonas afectadas por el vertido.
El director ejecutivo de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, informó el viernes que terminarán la limpieza en marzo y que luego pasarían a la fase de reparación ambiental. Los parlamentarios pidieron información sobre el destino final de los residuos contaminados, pero los ejecutivos de la compañía respondieron que no contaban con esa información.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó también una declaración debido al impacto social a causa del derrame y llamó a las instituciones financieras y de desarrollo y a la comunidad internacional “a cooperar con Perú para brindar ayuda humanitaria de emergencia”.
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La Legislatura de Córdoba aprobó cambios en la Ley de Tránsito: luces diurnas, sanciones más duras y herramientas tecnológicas
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30/12/2025Por
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó este 29 de diciembre de 2025 una serie de modificaciones a la Ley Provincial de Tránsito N.º 8.560, con el objetivo de actualizar el marco normativo, fortalecer el control vial y adaptarlo a los avances tecnológicos. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo provincial y con apoyo de bloques opositores, incorpora nuevas sanciones, moderniza procedimientos y promueve mecanismos educativos para reducir la siniestralidad en rutas y calles de la provincia.
Uso de luces diurnas en rutas y autovías
Uno de los cambios más visibles es la modificación del artículo 74, que permite el uso de las luces diurnas de circulación (DRL o LDC) durante el día en rutas y autovías provinciales, siempre que el vehículo encienda automáticamente la luz de posición trasera. Esto busca armonizar en parte la normativa provincial con la práctica de muchos vehículos modernos y la legislación nacional, que ya permite las DRL en rutas nacionales.
Según la nueva redacción de la ley, todos los vehículos que circulen por rutas nacionales y provinciales —en cualquier momento del día, en tramos interurbanos, túneles y sectores señalizados— deberán llevar las luces bajas encendidas y en correcto funcionamiento, manteniendo la obligación que ya regía para reforzar la visibilidad y la seguridad vial.
Sanciones más estrictas para infracciones graves
La actualización del artículo 115 amplía y endurece las sanciones para conductas consideradas de alto riesgo. Entre las conductas que ahora contemplan penas más severas se encuentran:
- Circular sin seguro obligatorio.
- Exceder los límites máximos de velocidad.
- Realizar adelantamientos en zonas prohibidas.
- Superar el peso o las dimensiones permitidas en vehículos de transporte.
- Conducir sin habilitación o estando inhabilitado.
- Abandonar el lugar tras un siniestro vial.
- Contaminar el ambiente.
- Manejar de forma imprudente o temeraria.
Estos cambios buscan sancionar con mayor firmeza las faltas que tienen mayor impacto en la seguridad vial, incentivando el respeto a las normas y reduciendo los riesgos en la vía pública.
Integración de tecnología en los controles
La reforma del artículo 108 habilita el uso de actas digitales y la constatación de infracciones mediante medios remotos y tecnológicos, como cámaras, sensores y otros dispositivos electrónicos. Esta medida permite considerar estos mecanismos como pruebas válidas, reduciendo el uso de papel, agilizando procesos y facilitando la labor de las autoridades de control.
Además, se incorporan herramientas de notificación digital a través de plataformas como Ciudadano Digital y dispositivos electrónicos, con el fin de modernizar y hacer más eficiente el sistema de fiscalización.
Trabajo comunitario y programas educativos como sanción
El artículo 121 fue reformado para incluir el trabajo comunitario en dependencias oficiales, municipales o instituciones de bien público como una de las sanciones posibles para infractores. Esta modalidad se suma a las tradicionales multas económicas, con el objetivo de promover la responsabilidad social y la reflexión sobre las consecuencias de las infracciones.
Asimismo, la normativa permite exigir la asistencia a cursos, talleres educativos o programas terapéuticos y de orientación, que deberán dictarse fuera de juzgados y dependencias policiales. Esta medida apunta a fomentar la educación vial y la modificación de conductas de riesgo como complemento a las sanciones.
Reincidencia como agravante
Con la creación del artículo 121 bis, la ley incorpora la figura de reiterancia, que permitirá considerar la reincidencia en infracciones como un factor agravante al momento de aplicar sanciones. Esto será posible incluso antes de que quede firme la resolución sancionatoria anterior, otorgando mayor flexibilidad a las autoridades para evaluar el comportamiento de infractores habituales.
Enfoque preventivo y amplio consenso legislativo
Las modificaciones aprobadas no solo buscan endurecer sanciones, sino también fortalecer la prevención de siniestros viales y la educación ciudadana. Para ello, el texto de la ley fue trabajado y compatibilizado con iniciativas de diferentes bloques legislativos, incluyendo aportes de especialistas y organizaciones vinculadas a la seguridad vial.
El proyecto recibido en la Unicameral incluía aportes de legisladores de distintos espacios, lo que permitió un amplio consenso político en torno a la necesidad de modernizar y ajustar la normativa a las necesidades actuales de circulación, control y sanción.
Las autoridades provinciales explicaron que la reforma tiene por finalidad mejorar la seguridad vial, endurecer las sanciones para las conductas más peligrosas y sumar herramientas tecnológicas y educativas que permitan prevenir accidentes y reducir la reincidencia en las faltas de tránsito.
Con estos cambios, Córdoba se suma a otras jurisdicciones que han actualizado sus marcos normativos para acompañar la evolución del tránsito, los avances tecnológicos y las nuevas necesidades de control y educación vial.
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Investigan cómo fue la bala perdida que hirió de gravedad a una nena de 12 años en Morón y cómo sigue su estado de salud
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26/12/2025Por
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Durante los festejos de Nochebuena en Villa Sarmiento, partido de Morón, una niña de 12 años identificada como Angelina fue alcanzada por una bala perdida que impactó en la parte posterior de su cráneo, un hecho que conmocionó a la comunidad y encendió el debate sobre la inseguridad y el uso imprudente de armas en celebraciones festivas.
La investigación penal y las pericias médicas y balísticas dieron avances clave en las últimas horas. Según fuentes del caso, la tomografía realizada a la menor indicó que el proyectil que la hirió sería de calibre 40, aunque los investigadores no descartan que pueda tratarse de un calibre 9 mm, por lo que las pericias balísticas continúan para precisar el tipo de arma y su origen.
Los fiscales a cargo de la causa entre ellos Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón trabajan en recolectar evidencia y comparar la bala que quedó alojada en el cráneo de Angelina con vainas servidas encontradas en las cercanías, con el objetivo de reconstruir la trayectoria del disparo y encontrar el arma utilizada.
La menor permanece internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, donde fue trasladada tras ser atendida inicialmente en el Hospital San Juan de Dios.
Los médicos lograron estabilizarla, aunque aún no fue sometida a cirugía para extraer el proyectil, que continúa alojado en la fosa posterior del cráneo sin orificio de salida, lo que complica el procedimiento.
Según los familiares, la niña no tiene comprometida la función motora por el momento, y el cuadro sigue siendo monitoreado minuto a minuto por los equipos médicos. La familia permanece en el sanatorio y, si bien no se brindan partes médicos oficiales, los allegados describieron una situación de alta preocupación y expectativa por su recuperación.
¿Cómo ocurrió el hecho?
El hecho se produjo cerca de las 0:02 del 25 de diciembre, cuando Angelina estaba con su familia y varios primos en la calle observando fuegos artificiales, en el marco de los festejos navideños. La niña se desplomó repentinamente, gritó que “le quemaba la cabeza” y cayó al suelo con un sangrado evidente en la nuca.
Las autoridades trabajan con la hipótesis de que el disparo provino de alguien que accionó un arma al aire durante los festejos, transformando un elemento festivo en un peligro letal. Personal de la Policía Científica secuestró múltiples vainas servidas en viviendas cercanas, lo que podría ayudar a identificar si los proyectiles provienen de la misma arma o de varios tiradores.
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El Gobierno confirmo 3 feriados en 2026 para favorecer el turismo
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26/12/2025Por
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El Gobierno nacional oficializó tres días no laborables con fines turísticos para el año 2026, una medida que se difundió a través de la Resolución 164/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial. La iniciativa apunta a consolidar y ampliar los fines de semana XL, promoviendo el turismo interno y dando más oportunidades de descanso a la población.
Las nuevas jornadas no laborables con fines turísticos son:
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
Estas fechas se suman al calendario tradicional de feriados nacionales que ya contempla jornadas inamovibles y trasladables, con el objetivo de crear fines de semana extralargos que faciliten actividades de ocio, turismo y encuentros familiares en distintos puntos del país.

¿Cuál es el propósito de la medida?
Según fuentes oficiales, la decisión responde a una política pública orientada a:
- Estimular el turismo interno, incentivando a las familias argentinas a viajar dentro del país fuera de los períodos de temporada alta.
- Dinamizar sectores económicos estratégicos, como hotelería, gastronomía, transporte y servicios vinculados al turismo regional.
- Distribuir la actividad turística a lo largo del año, reduciendo los efectos negativos de la estacionalidad en determinadas localidades.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de firmar la resolución que incorpora estos días al calendario 2026, en el marco de las facultades que otorga la Ley N° 27.399, que regula los feriados nacionales y los días no laborables con fines turísticos.
¿Cómo queda el calendario de feriados y días no laborables 2026?
Además de estas jornadas con fines turísticos, el calendario oficial de feriados incluye:
- Enero: 1 (Año Nuevo)
- Febrero: 16 y 17 (Carnaval)
- Marzo: 24 (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia)
- Abril: 2 (Malvinas y Jueves Santo) y 3 (Viernes Santo)
- Mayo: 1 (Día del Trabajador) y 25 (Revolución de Mayo)
- Junio: 15 (feriado trasladable por Güemes) y 20 (Belgrano)
- Julio: 9 (Independencia)
- Agosto: 17 (San Martín)
- Octubre: 12 (Respeto a la Diversidad Cultural)
- Noviembre: 23 (Soberanía Nacional trasladado)
- Diciembre: 8 (Inmaculada Concepción) y 25 (Navidad)
Implicancias para la ciudadanía y el turismo
La confirmación de estos días no laborables llega en un contexto en el que el sector turístico busca consolidar su recuperación después de períodos de menor actividad. Los fines de semana largos, además de brindar descanso a la población, suelen traducirse en movimiento económico en regiones turísticas y una mayor circulación de servicios asociados a la recreación.
Asimismo, muchas familias tradicionalmente aprovechan estos puentes para organizar escapadas cortas, visitar a familiares o simplemente descansar, lo que convierte a este tipo de medidas en un dato clave para planificar con anticipación el año.
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Pirotecnia cero: Córdoba intensifica controles ante el desafío de la venta ilegal en los barrios
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Hace 6 díassobre
24/12/2025Por
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A pesar de la vigencia de la ordenanza «Pirotecnia Cero», el uso de fuegos artificiales sigue siendo un problema en las zonas periféricas de la capital. La Municipalidad lanzó operativos especiales con más de 50 puntos de control para Navidad y Año Nuevo.
A ocho años de la sanción de la normativa que prohíbe la fabricación, comercialización y uso de pirotecnia en la ciudad de Córdoba, el cumplimiento total de la ley sigue siendo una materia pendiente en los barrios. Si bien el centro y las principales arterias comerciales muestran un acatamiento casi total, las autoridades locales advierten que la venta clandestina en domicilios particulares y a través de redes sociales mantiene viva una práctica que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Para este ciclo de festividades 2024-2025, el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, confirmó que se han desplegado más de 50 operativos simultáneos. Las acciones son encabezadas por el Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC), en conjunto con la Guardia Urbana Municipal y la Policía de la Provincia.
«Es muy alta la venta que se da en los barrios de la Capital», reconoció Fernández en diálogo con medios locales. La estrategia oficial se ha movido desde los grandes locales comerciales —que hoy cumplen estrictamente la norma— hacia la detección de puntos de acopio ilegales en zonas residenciales y la vigilancia en los ingresos a la ciudad desde localidades vecinas donde la venta aún está permitida.
Durante la semana previa a las fiestas, equipos municipales, la Guardia Urbana, la Policía de la Provincia y el Ente Municipal de Fiscalización y Control desplegaron un intenso plan de acción que incluyó decenas de operativos en barrios como Villa Libertador, Empalme, Argüello, Centro América, Jardín, Rancagua y otros sectores de la ciudad.
Estos operativos tuvieron múltiples focos de trabajo:
- Desarticulación de puestos de venta ilegal: se identificaron y desarmaron cientos de puntos de expendio clandestinos de pirotecnia en la vía pública.
- Secuestro de mercadería: solo en los últimos días, los agentes municipales secuestraron productos valuados en más de 82 millones de pesos, un número que da cuenta de la magnitud de la comercialización irregular.
- Acciones disuasivas: además de decomisos, se logró disuadir a vendedores informales y se frustraron decenas de intentos de comercialización no autorizada en diferentes puntos de la ciudad.
El programa no solo responde al mandato de la ordenanza municipal, sino a una serie de motivos de salud y convivencia que han sido refrendados por datos oficiales en años anteriores. Entre ellos:
- Protección de la salud: los artefactos pirotécnicos representan un riesgo de quemaduras, lesiones oculares, daños auditivos y otros accidentes graves, especialmente cuando son manipulados sin la debida capacitación o supervisión.
- Cuidado de grupos vulnerables: el ruido intenso afecta con especial severidad a niños, personas mayores, personas con discapacidades neurológicas o trastornos sensoriales (como el TEA) y a animales domésticos, que pueden sufrir pánico, ansiedad y desorientación.
- Convivencia barrial: evitar estallidos a toda hora y en cualquier espacio público contribuye a una festividad más armoniosa y respetuosa entre vecinos.
En ediciones recientes de las fiestas, la implementación de esta política tendió a reducir los accidentes relacionados con pirotecnia, y las autoridades sostienen que mantener estos controles activos contribuye a sostener y profundizar esos resultados.
Cómo denunciar venta o uso ilegal
Las autoridades municipales convocan a la comunidad a colaborar activamente. Más allá de los operativos oficiales, los vecinos pueden reportar situaciones de venta o uso de pirotecnia a través de los canales oficiales del Ente Municipal de Fiscalización y Control o mediante la plataforma Vecino Digital (VeDi). Estas vías permiten enviar reclamos con ubicación precisa y, en algunos casos, de forma anónima, para que los equipos de control puedan actuar con mayor rapidez.
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