En un giro inédito desde el inicio de las protestas masivas que sacuden Irán desde finales de diciembre de 2025, un alto funcionario del régimen admitió este martes que cerca de 2.000 personas han muerto durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales. Es la primera vez que las autoridades reconocen oficialmente una cifra tan alta de víctimas, aunque expertos y organizaciones de derechos humanos aseguran que el número real podría ser significativamente mayor.
La declaración, brindada a la agencia internacional Reuters bajo condición de anonimato, señala que ese número incluye tanto a manifestantes como a miembros de las fuerzas de seguridad, y atribuye las muertes a lo que el régimen ha calificado de “terroristas”, sin ofrecer un desglose detallado de las víctimas.
Protestas y contexto
Las movilizaciones estallaron a fines de diciembre de 2025, inicialmente como protesta por la grave situación económica, la inflación galopante y la devaluación de la moneda, que deterioraron fuertemente el poder adquisitivo de la población. Con el avance de los días, los reclamos se transformaron en un movimiento más amplio contra el modelo político teocrático que rige el país desde la revolución islámica de 1979.
Miles de personas salieron a las calles en más de 180 ciudades y localidades de Irán, demandando justicia social, mayores libertades y responsabilizando al liderazgo clerical por la crisis.
Contrastes en las cifras
Antes de esta admisión oficial, organizaciones independientes como Iran Human Rights (IHR) habían reportado, con métodos de verificación cruzada, que el número de fallecidos podría superar los 6.000, cifra muy superior a las declaraciones del régimen.
Incluso medios opositores mencionan informes no confirmados que elevan la cifra de muertos hasta las 12.000 personas desde el inicio de las protestas, lo que convertiría esta represión en una de las más sangrientas de la historia moderna del país.
La falta de acceso a internet y las restricciones de comunicación impuestas por las autoridades han dificultado enormemente la verificación independiente de estos números.
Respuesta internacional y presión diplomática
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por el uso de la fuerza contra manifestantes mayoritariamente pacíficos y calificó la violencia como “horrífica”, instando al respeto de los derechos fundamentales de la población.
Gobiernos de diversos países también han reaccionado. El Reino Unido, por ejemplo, condenó enérgicamente lo que describió como el “brutal asesinato de protestantes” durante las movilizaciones y llamó al respeto de las libertades civiles, además de anunciar posibles sanciones ampliadas contra Irán.
Bloqueo de comunicaciones y control interno
Como parte de la estrategia para contener las protestas, las autoridades iraníes implementaron cortes de internet y servicios de comunicación internacional, limitando la capacidad de los manifestantes y observadores externos de documentar y transmitir información en tiempo real.
Al mismo tiempo, el gobierno acusa a potencias extranjeras, especialmente a Estados Unidos e Israel, de interferir y fomentar disturbios, una narrativa repetida por la dirigencia teocrática para desviar la atención de las causas internas de la crisis.
Una crisis persistente
Las protestas en Irán representan el desafío interno más serio para el régimen en años, consolidando un descontento social que va más allá de lo económico y que cuestiona el modelo político vigente. A pesar de la represión, las movilizaciones no han cesado, señalando una fractura profunda entre una parte significativa de la población y el liderazgo político.