Durante los primeros días de enero de 2026, una serie de incendios forestales de gran magnitud afectó a distintas zonas de la Patagonia argentina, con epicentro en la provincia de Chubut y la región de la Comarca Andina. El avance del fuego provocó evacuaciones, pérdidas materiales y un fuerte impacto ambiental en áreas de alto valor ecológico, en un contexto marcado por condiciones climáticas adversas.

Los focos comenzaron a registrarse a principios de enero y se propagaron rápidamente debido a la sequía prolongada, las altas temperaturas y los fuertes vientos, características frecuentes del verano patagónico. Las llamas avanzaron sobre bosques nativos, pastizales y áreas rurales, alcanzando zonas cercanas a centros poblados y destinos turísticos.

El crecimiento del fuego obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones preventivas de residentes y turistas, mientras se desplegaba un amplio operativo de emergencia para intentar contener los focos activos.

El impacto ambiental

Desde Greenpeace señalaron que los incendios afectaron ecosistemas clave de la Patagonia, una de las regiones con mayor biodiversidad del país. Los bosques nativos cumplen un rol fundamental en la regulación del clima, la protección del suelo y la conservación del agua, por lo que su pérdida tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del área quemada.

La organización remarcó que la destrucción de estos ambientes naturales implica:

• Pérdida de biodiversidad y hábitats de especies autóctonas.
• Mayor vulnerabilidad del suelo a la erosión.
• Afectación de cuencas hídricas y reservas de agua.
• Dificultades para la regeneración natural del bosque en el corto y mediano plazo.

Evacuaciones y consecuencias sociales

El avance del fuego generó situaciones de riesgo para la población, especialmente en localidades de la Comarca Andina. Miles de personas debieron abandonar sus viviendas o alojamientos turísticos de manera preventiva.

Si bien no se registraron víctimas fatales, se reportaron daños en viviendas, infraestructura rural y emprendimientos productivos, además del impacto económico sobre el turismo, uno de los principales motores de la región.

El combate del fuego involucró a brigadistas forestales, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad, con apoyo de aviones hidrantes y helicópteros. A pesar del despliegue de recursos, las tareas se vieron dificultadas por las altas temperaturas, los fuertes vientos y la extensión del área afectada. Desde Greenpeace señalaron que, si bien la respuesta de emergencia es fundamental, resulta insuficiente sin políticas de prevención sostenidas que incluyan manejo del territorio, sistemas de alerta temprana y una protección efectiva de los bosques nativos.

En cuanto al origen de los incendios, las autoridades indicaron que algunos focos podrían haber sido intencionales y se iniciaron investigaciones judiciales. En este contexto, circuló en redes sociales un video que generó especulación sobre posibles responsables. Tanto organismos oficiales como organizaciones ambientales aclararon que no existen confirmaciones concluyentes y pidieron evitar la difusión de información no verificada mientras avanzan las investigaciones.

Ayer se registraron lluvias leves en algunos sectores de la región cordillerana, lo que permitió una baja momentánea de la temperatura y del humo, ofreciendo un alivio parcial. Sin embargo, especialistas coincidieron en que las precipitaciones fueron insuficientes para extinguir los focos activos, por lo que las tareas de control y monitoreo continuaron para evitar rebrotes.

Greenpeace subrayó que los incendios de 2026 se inscriben en un escenario de aumento de eventos extremos en el país y reiteró la necesidad de políticas públicas integrales que prioricen la prevención, la conservación de los ecosistemas y una respuesta estructural frente a la crisis climática. Al cierre de los últimos reportes, algunos focos permanecían contenidos y otros en proceso de control, mientras se evaluaban los daños ambientales y sociales en la región.

Fuente: Greenpeace

Las autoridades nacionales emitieron una advertencia de riesgo extremo de incendios forestales que abarca gran parte del territorio argentino, en un escenario climático que preocupa por su potencial de propagación de focos en los meses de enero y febrero de 2026.

Riesgo máximo en 16 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) elevaron el peligro a nivel extremo en dieciséis provincias, que quedan marcadas en rojo en los mapas oficiales de riesgo. Las jurisdicciones alcanzadas cubren una extensa franja que va desde el norte del país hasta la Patagonia e incluyen:

• Tucumán
• Santiago del Estero
• Córdoba
• La Rioja
• San Luis
• Mendoza
• Neuquén
• Río Negro
• Chubut
• Santa Cruz
• Tierra del Fuego
• La Pampa
• Buenos Aires
• Santa Fe
• Entre Ríos
• Corrientes**

La advertencia implica que cualquier foco que se inicie puede desarrollarse con rapidez y que su control será cada vez más difícil si no se actúa en las etapas iniciales. Por eso, las autoridades instan a la población a extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego.

Por qué se decretó la alerta

El riesgo de incendios se evalúa mediante el Fire Weather Index (FWI), un índice meteorológico de origen canadiense que combina variables como temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitaciones acumuladas para estimar el comportamiento potencial de un incendio en un momento crítico del día, que suele concentrarse alrededor de las 16 h.

Debido a las condiciones ambientales actuales, con bajas humedades, altas temperaturas y vientos que facilitan la propagación del fuego, el valor del FWI alcanzó niveles que los técnicos consideran potencialmente explosivos o extremadamente críticos, lo que motivó la declaración de la alerta máxima.

Áreas y duración de la alerta

La advertencia cubre zonas diversas del país, desde las regiones cálidas del norte hasta áreas frías de la Patagonia, reflejando un patrón de riesgo amplio y heterogéneo. Las proyecciones climáticas señalan que, aunque las precipitaciones podrían presentarse de forma aislada, las condiciones generales para enero y febrero seguirán por encima de lo normal, manteniendo activo el peligro de incendios.

Un verano con alta vulnerabilidad

La advertencia se da en un contexto donde los fenómenos de calor y sequedad han marcado las últimas temporadas, y que en 2025 ya dejó antecedentes de focos importantes en regiones como la Patagonia, donde los incendios forestales consumieron miles de hectáreas y generaron evacuaciones y daños ambientales significativos.

Debido a este historial y a las condiciones actuales, el llamado de los organismos meteorológicos y de manejo del fuego es unánime y severo: el riesgo de incendios en Argentina está en niveles máximos, y la prevención ciudadana es clave para evitar que pequeños focos se conviertan en desastres de mayor magnitud.

Imágenes: @NachoTorresCH vía X

Villa Allende avanzará con la instalación de portones que se cerrarán durante la noche, entre las 22 y las 6, en sectores puntuales de la ciudad. La medida generó cuestionamientos de la oposición y abrió un fuerte debate entre los vecinos.

La Municipalidad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, implementará desde febrero de 2026 una iniciativa sin antecedentes en la provincia para enfrentar la ola de hechos delictivos nocturnos: la instalación de portones que cerrarán calles secundarias durante la noche como parte de un plan municipal de seguridad.

La decisión, adoptada tras un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, se enmarca en una emergencia en materia de seguridad que rige en la ciudad desde 2023, cuando se registró un incremento sostenido de hechos delictivos. El tribunal consideró que el plan es “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”, habilitando la colocación de portones nocturnos en vías públicas.

Según datos oficiales, aproximadamente el 60% de los robos ocurren durante la noche, una cifra que el intendente Pablo Cornet y las autoridades locales citan como principal motivación para avanzar con la iniciativa.

El plan inicial comprende la instalación de 15 portones en las calles secundarias de los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, que se cerrarán entre las 22:00 y las 06:00 bajo el control de personal municipal. Algunos portones bloquearán por completo las cuadras, mientras que otros permitirán el paso peatonal para los residentes y autorizados.

El cierre nocturno busca restringir puntos de acceso y fuga utilizados por delincuentes, facilitando el trabajo de vigilancia y patrullaje en corredores más visibles y monitoreados.

La instalación de portones forma parte del denominado “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal”, que también incluye:

• Incorporación de móviles de patrullaje.
• Instalación de cámaras de seguridad adicionales y domos policiales.
• Mejora de la iluminación pública.
• Refuerzo con drones y otros medios tecnológicos.

Las autoridades municipales sostienen que estos elementos en conjunto generan “corredores seguros” y fortalecen la tarea preventiva estatal ante la delincuencia urbana.

Pese al respaldo judicial y al apoyo de algunos sectores de la comunidad, la medida generó fuertes críticas tanto de la oposición como de grupos vecinales que presentaron amparos colectivos para frenarla.

La concejal Marta Banegas, del bloque Elegí Villa Allende, expresó que el proyecto promueve “políticas de segregación” y que en lugar de abordar causas profundas de la inseguridad podría generar divisionismo social y limitar libertades como la circulación, además de señalar que el sistema de participación ciudadana (el “Registro de Oposición”) era insuficiente y no permitió una consulta amplia y representativa.

La Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó este 29 de diciembre de 2025 una serie de modificaciones a la Ley Provincial de Tránsito N.º 8.560, con el objetivo de actualizar el marco normativo, fortalecer el control vial y adaptarlo a los avances tecnológicos. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo provincial y con apoyo de bloques opositores, incorpora nuevas sanciones, moderniza procedimientos y promueve mecanismos educativos para reducir la siniestralidad en rutas y calles de la provincia.

Uso de luces diurnas en rutas y autovías

Uno de los cambios más visibles es la modificación del artículo 74, que permite el uso de las luces diurnas de circulación (DRL o LDC) durante el día en rutas y autovías provinciales, siempre que el vehículo encienda automáticamente la luz de posición trasera. Esto busca armonizar en parte la normativa provincial con la práctica de muchos vehículos modernos y la legislación nacional, que ya permite las DRL en rutas nacionales.

Según la nueva redacción de la ley, todos los vehículos que circulen por rutas nacionales y provinciales —en cualquier momento del día, en tramos interurbanos, túneles y sectores señalizados— deberán llevar las luces bajas encendidas y en correcto funcionamiento, manteniendo la obligación que ya regía para reforzar la visibilidad y la seguridad vial.

Sanciones más estrictas para infracciones graves

La actualización del artículo 115 amplía y endurece las sanciones para conductas consideradas de alto riesgo. Entre las conductas que ahora contemplan penas más severas se encuentran:

• Circular sin seguro obligatorio.
• Exceder los límites máximos de velocidad.
• Realizar adelantamientos en zonas prohibidas.
• Superar el peso o las dimensiones permitidas en vehículos de transporte.
• Conducir sin habilitación o estando inhabilitado.
• Abandonar el lugar tras un siniestro vial.
• Contaminar el ambiente.
• Manejar de forma imprudente o temeraria.

Estos cambios buscan sancionar con mayor firmeza las faltas que tienen mayor impacto en la seguridad vial, incentivando el respeto a las normas y reduciendo los riesgos en la vía pública.

Integración de tecnología en los controles

La reforma del artículo 108 habilita el uso de actas digitales y la constatación de infracciones mediante medios remotos y tecnológicos, como cámaras, sensores y otros dispositivos electrónicos. Esta medida permite considerar estos mecanismos como pruebas válidas, reduciendo el uso de papel, agilizando procesos y facilitando la labor de las autoridades de control.

Además, se incorporan herramientas de notificación digital a través de plataformas como Ciudadano Digital y dispositivos electrónicos, con el fin de modernizar y hacer más eficiente el sistema de fiscalización.

Trabajo comunitario y programas educativos como sanción

El artículo 121 fue reformado para incluir el trabajo comunitario en dependencias oficiales, municipales o instituciones de bien público como una de las sanciones posibles para infractores. Esta modalidad se suma a las tradicionales multas económicas, con el objetivo de promover la responsabilidad social y la reflexión sobre las consecuencias de las infracciones.

Asimismo, la normativa permite exigir la asistencia a cursos, talleres educativos o programas terapéuticos y de orientación, que deberán dictarse fuera de juzgados y dependencias policiales. Esta medida apunta a fomentar la educación vial y la modificación de conductas de riesgo como complemento a las sanciones.

Reincidencia como agravante

Con la creación del artículo 121 bis, la ley incorpora la figura de reiterancia, que permitirá considerar la reincidencia en infracciones como un factor agravante al momento de aplicar sanciones. Esto será posible incluso antes de que quede firme la resolución sancionatoria anterior, otorgando mayor flexibilidad a las autoridades para evaluar el comportamiento de infractores habituales.

Enfoque preventivo y amplio consenso legislativo

Las modificaciones aprobadas no solo buscan endurecer sanciones, sino también fortalecer la prevención de siniestros viales y la educación ciudadana. Para ello, el texto de la ley fue trabajado y compatibilizado con iniciativas de diferentes bloques legislativos, incluyendo aportes de especialistas y organizaciones vinculadas a la seguridad vial.

El proyecto recibido en la Unicameral incluía aportes de legisladores de distintos espacios, lo que permitió un amplio consenso político en torno a la necesidad de modernizar y ajustar la normativa a las necesidades actuales de circulación, control y sanción.

Las autoridades provinciales explicaron que la reforma tiene por finalidad mejorar la seguridad vial, endurecer las sanciones para las conductas más peligrosas y sumar herramientas tecnológicas y educativas que permitan prevenir accidentes y reducir la reincidencia en las faltas de tránsito.

Con estos cambios, Córdoba se suma a otras jurisdicciones que han actualizado sus marcos normativos para acompañar la evolución del tránsito, los avances tecnológicos y las nuevas necesidades de control y educación vial.