La Batalla Judicial Continúa: Argentina Apela la Multa por YPF en la Corte de Nueva York

El litigio multimillonario por la expropiación de YPF en 2012 sigue desarrollándose en los tribunales de Estados Unidos. Luego de que la jueza Loretta Preska dictaminara una condena que obliga a Argentina a abonar más de 16.000 millones de dólares a los fondos demandantes (principalmente Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio), el país presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, buscando revertir el fallo.

La estrategia de defensa argentina se centra en cuestionar la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para intervenir en un caso que, según el país, debería regirse exclusivamente por el derecho local. Los abogados defensores argumentan que la sentencia de primera instancia se basa en una interpretación errónea de la ley argentina y de los propios estatutos de YPF. Esta postura ha generado un clima de cauto optimismo tras la audiencia, donde los jueces de la Cámara de Apelaciones demostraron un interés particular en los argumentos de la defensa argentina.

Más allá de la condena monetaria, el proceso enfrenta otros escollos, como la orden judicial de transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo. Si bien el Gobierno argentino rechazó esta disposición, basándose en la necesidad de aprobación del Congreso para dicha transferencia, la jueza Preska ratificó la orden. Este punto se convierte en un frente de batalla judicial paralelo que la Corte de Apelaciones debe resolver.

La Expectativa por la Próxima Instancia:

Aunque la sentencia final de la apelación se espera para mediados de 2026, el Gobierno argentino mantiene un fuerte compromiso con el litigio. Se anticipa que la próxima audiencia será clave, ya que la Corte de Apelaciones definirá si permitirá que la apelación de fondo avance antes de que se complete el proceso de determinación exacta de los daños, lo que podría ralentizar o modificar significativamente el curso de la causa. La defensa no solo busca anular la condena o reducir drásticamente el monto, sino también evitar un precedente legal que podría tener graves consecuencias para la soberanía económica del Estado.