El magistrado en los próximos días deberá decidir si da lugar al pedido de un grupo de vecinos del centro de la ciudad de Córdoba ante el “avasallamiento y las perturbaciones permanentes, irrestrictas e ilegítimas” que habrían provocado las manifestaciones.
Tras dos audiencias en las que participaron el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, el secretario de Seguridad, Claudio Stampalija, la jefa de Policía, Liliana Zárate y los funcionarios municipales Juan Manuel Aráoz (Tribunal de Faltas) y Daniel Varizat (asesor letrado), el juez los volverá a reunir antes de tomar una resolución judicial para que el gobierno provincial actué contra los piquetes.
Solo resta que la Municipalidad presente en la Justicia el informe sobre el impacto de las manifestaciones en el ejercicio de sus funciones y en los bienes y el espacio públicos.