La Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó este 29 de diciembre de 2025 una serie de modificaciones a la Ley Provincial de Tránsito N.º 8.560, con el objetivo de actualizar el marco normativo, fortalecer el control vial y adaptarlo a los avances tecnológicos. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo provincial y con apoyo de bloques opositores, incorpora nuevas sanciones, moderniza procedimientos y promueve mecanismos educativos para reducir la siniestralidad en rutas y calles de la provincia.
Uso de luces diurnas en rutas y autovías
Uno de los cambios más visibles es la modificación del artículo 74, que permite el uso de las luces diurnas de circulación (DRL o LDC) durante el día en rutas y autovías provinciales, siempre que el vehículo encienda automáticamente la luz de posición trasera. Esto busca armonizar en parte la normativa provincial con la práctica de muchos vehículos modernos y la legislación nacional, que ya permite las DRL en rutas nacionales.
Según la nueva redacción de la ley, todos los vehículos que circulen por rutas nacionales y provinciales —en cualquier momento del día, en tramos interurbanos, túneles y sectores señalizados— deberán llevar las luces bajas encendidas y en correcto funcionamiento, manteniendo la obligación que ya regía para reforzar la visibilidad y la seguridad vial.
Sanciones más estrictas para infracciones graves
La actualización del artículo 115 amplía y endurece las sanciones para conductas consideradas de alto riesgo. Entre las conductas que ahora contemplan penas más severas se encuentran:
Circular sin seguro obligatorio.
Exceder los límites máximos de velocidad.
Realizar adelantamientos en zonas prohibidas.
Superar el peso o las dimensiones permitidas en vehículos de transporte.
Conducir sin habilitación o estando inhabilitado.
Abandonar el lugar tras un siniestro vial.
Contaminar el ambiente.
Manejar de forma imprudente o temeraria.
Estos cambios buscan sancionar con mayor firmeza las faltas que tienen mayor impacto en la seguridad vial, incentivando el respeto a las normas y reduciendo los riesgos en la vía pública.
Integración de tecnología en los controles
La reforma del artículo 108 habilita el uso de actas digitales y la constatación de infracciones mediante medios remotos y tecnológicos, como cámaras, sensores y otros dispositivos electrónicos. Esta medida permite considerar estos mecanismos como pruebas válidas, reduciendo el uso de papel, agilizando procesos y facilitando la labor de las autoridades de control.
Además, se incorporan herramientas de notificación digital a través de plataformas como Ciudadano Digital y dispositivos electrónicos, con el fin de modernizar y hacer más eficiente el sistema de fiscalización.
Trabajo comunitario y programas educativos como sanción
El artículo 121 fue reformado para incluir el trabajo comunitario en dependencias oficiales, municipales o instituciones de bien público como una de las sanciones posibles para infractores. Esta modalidad se suma a las tradicionales multas económicas, con el objetivo de promover la responsabilidad social y la reflexión sobre las consecuencias de las infracciones.
Asimismo, la normativa permite exigir la asistencia a cursos, talleres educativos o programas terapéuticos y de orientación, que deberán dictarse fuera de juzgados y dependencias policiales. Esta medida apunta a fomentar la educación vial y la modificación de conductas de riesgo como complemento a las sanciones.
Reincidencia como agravante
Con la creación del artículo 121 bis, la ley incorpora la figura de reiterancia, que permitirá considerar la reincidencia en infracciones como un factor agravante al momento de aplicar sanciones. Esto será posible incluso antes de que quede firme la resolución sancionatoria anterior, otorgando mayor flexibilidad a las autoridades para evaluar el comportamiento de infractores habituales.
Enfoque preventivo y amplio consenso legislativo
Las modificaciones aprobadas no solo buscan endurecer sanciones, sino también fortalecer la prevención de siniestros viales y la educación ciudadana. Para ello, el texto de la ley fue trabajado y compatibilizado con iniciativas de diferentes bloques legislativos, incluyendo aportes de especialistas y organizaciones vinculadas a la seguridad vial.
El proyecto recibido en la Unicameral incluía aportes de legisladores de distintos espacios, lo que permitió un amplio consenso político en torno a la necesidad de modernizar y ajustar la normativa a las necesidades actuales de circulación, control y sanción.
Las autoridades provinciales explicaron que la reforma tiene por finalidad mejorar la seguridad vial, endurecer las sanciones para las conductas más peligrosas y sumar herramientas tecnológicas y educativas que permitan prevenir accidentes y reducir la reincidencia en las faltas de tránsito.
Con estos cambios, Córdoba se suma a otras jurisdicciones que han actualizado sus marcos normativos para acompañar la evolución del tránsito, los avances tecnológicos y las nuevas necesidades de control y educación vial.