En pleno inicio de la temporada alta de verano, la aerolínea low cost Flybondi volvió a estar en medio de una fuerte polémica luego de cancelar más de 100 vuelos programados entre el jueves y el lunes pasado. Las suspensiones, que según la empresa se debieron a “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota”, impactaron en la programación habitual de la compañía y dejaron a miles de pasajeros con viajes interrumpidos o reprogramados.

Un colapso en el transporte aéreo en una temporada clave

Entre el 8 y el 12 de enero, Flybondi canceló 125 vuelos domésticos y regionales, lo que equivale a cerca del 25% de sus servicios planificados para ese período de alta demanda turística, cuando muchos argentinos y residentes viajan por vacaciones de verano. Con una capacidad promedio de alrededor de 180 asientos por avión, estas cancelaciones afectaron a más de 20.000 pasajeros, generando descontento y reclamos tanto en aeropuertos como en redes sociales.

La low cost, que opera rutas entre importantes destinos nacionales como Córdoba, Mendoza, Bariloche, Neuquén y también algunos regionales, explicó en un breve comunicado que las cancelaciones respondieron a “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota”. Aunque no detalló punto por punto las razones técnicas, la falta de aeronaves disponibles y el cierre momentáneo del aeropuerto de Ezeiza durante la tarde del viernes contribuyeron a la cadena de cancelaciones y a la alteración de la programación.

Reclamos, reprogramaciones y caos en los aeropuertos

La magnitud de las cancelaciones generó un efecto dominó en distintos aeropuertos del país. Muchos pasajeros se encontraron con vuelos suspendidos sin alternativas claras, lo que derivó en largas filas en los sectores de atención al cliente de la aerolínea y numerosas quejas en redes sociales. Las reprogramaciones resultan complicadas justamente por la alta ocupación de los vuelos disponibles en plena temporada, lo que limita las opciones de reubicar rápidamente a quienes quedaron sin su viaje original.

Desde la compañía afirmaron que su equipo de atención al cliente trabaja para priorizar la reubicación de pasajeros en vuelos lo más próximos posible a su horario de salida original. Sin embargo, los propios viajeros reportan demoras, confusión y falta de información clara en muchos casos, lo que ha alimentado la frustración generalizada.

Un problema recurrente y con antecedentes

Esta crisis se da en un contexto donde Flybondi viene enfrentando problemas operativos desde hace tiempo. En temporadas anteriores también se registraron cancelaciones masivas y demoras en varios de sus vuelos, llevando a algunos organismos de control y a usuarios a cuestionar la capacidad de la compañía para sostener una operación estable en momentos de alta demanda.

En 2025, la aerolínea fue calificada como una de las que acumuló mayor cantidad de cancelaciones y demoras dentro del mercado argentino, con indicadores de regularidad por debajo de otras compañías que operan en el país.

Además, episodios previos ya habían expuesto deficiencias en la comunicación con los pasajeros y en el cumplimiento de la programación anunciada.

Durante los primeros días de enero de 2026, una serie de incendios forestales de gran magnitud afectó a distintas zonas de la Patagonia argentina, con epicentro en la provincia de Chubut y la región de la Comarca Andina. El avance del fuego provocó evacuaciones, pérdidas materiales y un fuerte impacto ambiental en áreas de alto valor ecológico, en un contexto marcado por condiciones climáticas adversas.

Los focos comenzaron a registrarse a principios de enero y se propagaron rápidamente debido a la sequía prolongada, las altas temperaturas y los fuertes vientos, características frecuentes del verano patagónico. Las llamas avanzaron sobre bosques nativos, pastizales y áreas rurales, alcanzando zonas cercanas a centros poblados y destinos turísticos.

El crecimiento del fuego obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones preventivas de residentes y turistas, mientras se desplegaba un amplio operativo de emergencia para intentar contener los focos activos.

El impacto ambiental

Desde Greenpeace señalaron que los incendios afectaron ecosistemas clave de la Patagonia, una de las regiones con mayor biodiversidad del país. Los bosques nativos cumplen un rol fundamental en la regulación del clima, la protección del suelo y la conservación del agua, por lo que su pérdida tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del área quemada.

La organización remarcó que la destrucción de estos ambientes naturales implica:

• Pérdida de biodiversidad y hábitats de especies autóctonas.
• Mayor vulnerabilidad del suelo a la erosión.
• Afectación de cuencas hídricas y reservas de agua.
• Dificultades para la regeneración natural del bosque en el corto y mediano plazo.

Evacuaciones y consecuencias sociales

El avance del fuego generó situaciones de riesgo para la población, especialmente en localidades de la Comarca Andina. Miles de personas debieron abandonar sus viviendas o alojamientos turísticos de manera preventiva.

Si bien no se registraron víctimas fatales, se reportaron daños en viviendas, infraestructura rural y emprendimientos productivos, además del impacto económico sobre el turismo, uno de los principales motores de la región.

El combate del fuego involucró a brigadistas forestales, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad, con apoyo de aviones hidrantes y helicópteros. A pesar del despliegue de recursos, las tareas se vieron dificultadas por las altas temperaturas, los fuertes vientos y la extensión del área afectada. Desde Greenpeace señalaron que, si bien la respuesta de emergencia es fundamental, resulta insuficiente sin políticas de prevención sostenidas que incluyan manejo del territorio, sistemas de alerta temprana y una protección efectiva de los bosques nativos.

En cuanto al origen de los incendios, las autoridades indicaron que algunos focos podrían haber sido intencionales y se iniciaron investigaciones judiciales. En este contexto, circuló en redes sociales un video que generó especulación sobre posibles responsables. Tanto organismos oficiales como organizaciones ambientales aclararon que no existen confirmaciones concluyentes y pidieron evitar la difusión de información no verificada mientras avanzan las investigaciones.

Ayer se registraron lluvias leves en algunos sectores de la región cordillerana, lo que permitió una baja momentánea de la temperatura y del humo, ofreciendo un alivio parcial. Sin embargo, especialistas coincidieron en que las precipitaciones fueron insuficientes para extinguir los focos activos, por lo que las tareas de control y monitoreo continuaron para evitar rebrotes.

Greenpeace subrayó que los incendios de 2026 se inscriben en un escenario de aumento de eventos extremos en el país y reiteró la necesidad de políticas públicas integrales que prioricen la prevención, la conservación de los ecosistemas y una respuesta estructural frente a la crisis climática. Al cierre de los últimos reportes, algunos focos permanecían contenidos y otros en proceso de control, mientras se evaluaban los daños ambientales y sociales en la región.

Fuente: Greenpeace

Las autoridades nacionales emitieron una advertencia de riesgo extremo de incendios forestales que abarca gran parte del territorio argentino, en un escenario climático que preocupa por su potencial de propagación de focos en los meses de enero y febrero de 2026.

Riesgo máximo en 16 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) elevaron el peligro a nivel extremo en dieciséis provincias, que quedan marcadas en rojo en los mapas oficiales de riesgo. Las jurisdicciones alcanzadas cubren una extensa franja que va desde el norte del país hasta la Patagonia e incluyen:

• Tucumán
• Santiago del Estero
• Córdoba
• La Rioja
• San Luis
• Mendoza
• Neuquén
• Río Negro
• Chubut
• Santa Cruz
• Tierra del Fuego
• La Pampa
• Buenos Aires
• Santa Fe
• Entre Ríos
• Corrientes**

La advertencia implica que cualquier foco que se inicie puede desarrollarse con rapidez y que su control será cada vez más difícil si no se actúa en las etapas iniciales. Por eso, las autoridades instan a la población a extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego.

Por qué se decretó la alerta

El riesgo de incendios se evalúa mediante el Fire Weather Index (FWI), un índice meteorológico de origen canadiense que combina variables como temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitaciones acumuladas para estimar el comportamiento potencial de un incendio en un momento crítico del día, que suele concentrarse alrededor de las 16 h.

Debido a las condiciones ambientales actuales, con bajas humedades, altas temperaturas y vientos que facilitan la propagación del fuego, el valor del FWI alcanzó niveles que los técnicos consideran potencialmente explosivos o extremadamente críticos, lo que motivó la declaración de la alerta máxima.

Áreas y duración de la alerta

La advertencia cubre zonas diversas del país, desde las regiones cálidas del norte hasta áreas frías de la Patagonia, reflejando un patrón de riesgo amplio y heterogéneo. Las proyecciones climáticas señalan que, aunque las precipitaciones podrían presentarse de forma aislada, las condiciones generales para enero y febrero seguirán por encima de lo normal, manteniendo activo el peligro de incendios.

Un verano con alta vulnerabilidad

La advertencia se da en un contexto donde los fenómenos de calor y sequedad han marcado las últimas temporadas, y que en 2025 ya dejó antecedentes de focos importantes en regiones como la Patagonia, donde los incendios forestales consumieron miles de hectáreas y generaron evacuaciones y daños ambientales significativos.

Debido a este historial y a las condiciones actuales, el llamado de los organismos meteorológicos y de manejo del fuego es unánime y severo: el riesgo de incendios en Argentina está en niveles máximos, y la prevención ciudadana es clave para evitar que pequeños focos se conviertan en desastres de mayor magnitud.

Imágenes: @NachoTorresCH vía X

Villa Allende avanzará con la instalación de portones que se cerrarán durante la noche, entre las 22 y las 6, en sectores puntuales de la ciudad. La medida generó cuestionamientos de la oposición y abrió un fuerte debate entre los vecinos.

La Municipalidad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, implementará desde febrero de 2026 una iniciativa sin antecedentes en la provincia para enfrentar la ola de hechos delictivos nocturnos: la instalación de portones que cerrarán calles secundarias durante la noche como parte de un plan municipal de seguridad.

La decisión, adoptada tras un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, se enmarca en una emergencia en materia de seguridad que rige en la ciudad desde 2023, cuando se registró un incremento sostenido de hechos delictivos. El tribunal consideró que el plan es “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”, habilitando la colocación de portones nocturnos en vías públicas.

Según datos oficiales, aproximadamente el 60% de los robos ocurren durante la noche, una cifra que el intendente Pablo Cornet y las autoridades locales citan como principal motivación para avanzar con la iniciativa.

El plan inicial comprende la instalación de 15 portones en las calles secundarias de los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, que se cerrarán entre las 22:00 y las 06:00 bajo el control de personal municipal. Algunos portones bloquearán por completo las cuadras, mientras que otros permitirán el paso peatonal para los residentes y autorizados.

El cierre nocturno busca restringir puntos de acceso y fuga utilizados por delincuentes, facilitando el trabajo de vigilancia y patrullaje en corredores más visibles y monitoreados.

La instalación de portones forma parte del denominado “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal”, que también incluye:

• Incorporación de móviles de patrullaje.
• Instalación de cámaras de seguridad adicionales y domos policiales.
• Mejora de la iluminación pública.
• Refuerzo con drones y otros medios tecnológicos.

Las autoridades municipales sostienen que estos elementos en conjunto generan “corredores seguros” y fortalecen la tarea preventiva estatal ante la delincuencia urbana.

Pese al respaldo judicial y al apoyo de algunos sectores de la comunidad, la medida generó fuertes críticas tanto de la oposición como de grupos vecinales que presentaron amparos colectivos para frenarla.

La concejal Marta Banegas, del bloque Elegí Villa Allende, expresó que el proyecto promueve “políticas de segregación” y que en lugar de abordar causas profundas de la inseguridad podría generar divisionismo social y limitar libertades como la circulación, además de señalar que el sistema de participación ciudadana (el “Registro de Oposición”) era insuficiente y no permitió una consulta amplia y representativa.