Mendoza aplicará multas a los padres de niños que hagan bullying

Este miércoles comienza regir el sistema de multas para sancionar a padres de niños que hagan bullying y no tomen medidas de precaucion para evitralo.

Según lo establecido por la Ley 9.682, oficializada este miércoles tras su aprobación legislativa el 19 de noviembre, el nuevo marco legal faculta a la Justicia para imponer trabajos comunitarios y capacitaciones educativas a los padres o tutores responsables.

Según el nuevo texto legal, cuando se compruebe que un menor ha incurrido en conductas de hostigamiento, maltrato o bullying de manera sistemática, los responsables directos del niño podrán ser procesados bajo la Justicia de Faltas.

A diferencia de otras legislaciones, la Ley 9.682 no solo busca castigar el bolsillo, sino también generar un impacto pedagógico en el núcleo familiar.

Los montos se calculan en Unidades Fijas (UF), lo que permite que el valor se mantenga actualizado frente a la inflación. En los casos más graves de acoso escolar, las multas podrían alcanzar cifras significativas, dependiendo de la reincidencia y el daño causado a la víctima.

Este es el punto más innovador de la ley. La Justicia podrá ordenar que los padres realicen:

• Servicios a la comunidad: Tareas de limpieza, mantenimiento o apoyo en entidades públicas.
• Capacitaciones obligatorias: Cursos sobre crianza positiva, inteligencia emocional y prevención de la violencia, con el fin de otorgar herramientas para corregir la conducta del menor en el hogar.

El proceso: ¿Cómo se llega a la sanción?

Para evitar denuncias infundadas, la ley establece un protocolo claro:

1. Instancia Escolar: Primero se deben agotar las vías internas del colegio bajo los protocolos de convivencia de la Dirección General de Escuelas (DGE).
2. Denuncia y Prueba: Si la situación persiste o la gravedad lo amerita, el caso llega a la Justicia de Faltas.
3. Investigación: Se evalúa el contexto, las pruebas del hostigamiento y el rol que cumplieron los padres ante las advertencias previas de la escuela.

La implementación de esta ley ha generado opiniones divididas entre especialistas en educación y derecho.

Por un lado, los defensores de la norma argumentan que es la única forma de que las familias se involucren seriamente en la conducta social de sus hijos. «La escuela no puede sola; si no hay un correlato en la casa, el acoso no frena», sostienen desde sectores legislativos.

Por otro lado, psicopedagogos advierten que la punición a los padres podría tensionar aún más el ambiente familiar, y subrayan la importancia de que las multas no reemplacen el abordaje psicológico necesario para ambos niños: el acosado y el acosador.