El Gobierno nacional remitió al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley para reformar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, vigente desde 2010, con el objetivo de actualizar el marco normativo, dar mayor claridad jurídica y reforzar un esquema de federalismo ambiental.

La iniciativa fue formalizada este lunes a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, y ahora será debatida por los legisladores durante las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas para este mes.

¿Qué propone la reforma?

Según el Gobierno, la ley actual presenta “graves falencias interpretativas” que han generado inseguridad jurídica y paralizado inversiones productivas, especialmente en sectores vinculados a la minería y otros proyectos productivos en zonas cordilleranas.

El proyecto apunta a:

• Proteger únicamente los glaciares y ambientes periglaciales que cumplan una función hídrica efectiva, según criterios técnicos.
• Fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconociendo su capacidad técnica y científica.
• Ordenar y clarificar el alcance del Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA) para contar con información más precisa y actualizada.
• Consolidar un modelo de federalismo ambiental compatible con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que equilibran la protección del ambiente con el desarrollo humano y el dominio de los recursos naturales por parte de las provincias.

El Gobierno ha pedido que el Congreso le dé un tratamiento rápido al proyecto, destacando que la reforma es parte del rumbo de política ambiental que impulsa la administración actual, orientado a “terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado y liberar las fuerzas productivas del país”.

Desde la organización ambiental Jóvenes por el Clima Argentina expresaron su rechazo al proyecto enviado por el Ejecutivo y advirtieron que una modificación de la Ley de Glaciares podría significar un retroceso en materia de protección ambiental.

A través de un comunicado, señalaron que la norma vigente “es una herramienta clave para resguardar las reservas estratégicas de agua dulce del país” y alertaron que limitar su alcance podría habilitar actividades extractivas en zonas sensibles, con impactos irreversibles sobre los ecosistemas de montaña y las comunidades que dependen de esos recursos.

Además, reclamaron que cualquier cambio legislativo sea debatido con participación de la comunidad científica, organizaciones ambientales y la sociedad civil, y subrayaron la importancia de mantener el principio precautorio frente a proyectos que puedan afectar glaciares y ambientes periglaciales.

La Justicia Federal realizó este viernes un amplio operativo en una residencia de Pilar que los investigadores relacionan con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero del organismo, Pablo Toviggino, a través de presuntos intermediarios. El procedimiento forma parte de la causa que indaga el funcionamiento de Sur Finanzas y el presunto manejo irregular de fondos.

El allanamiento fue ordenado por el juez Daniel Rafecas, quien dispuso además la incautación de varios autos de colección y modelos de lujo encontrados dentro de la propiedad. Peritos especializados trabajaron en el lugar para identificar los bienes y avanzar con su tasación.

La medida se suma a otras acciones recientes llevadas a cabo en diferentes domicilios de Pilar y de la Ciudad de Buenos Aires, asociados a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como posibles testaferros de los dirigentes. Las pesquisas hacen foco en la sociedad Real Central SRL, que estaría ligada al movimiento de fondos bajo sospecha.

En esos operativos anteriores, la Policía Federal secuestró computadoras, teléfonos y documentación relevante para la investigación. Además, Rafecas impuso restricciones migratorias para los involucrados, luego de recibir un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que detallaba transacciones financieras consideradas inusuales.

Este caso forma parte de una investigación más amplia que ya incluyó allanamientos en la AFA y en 17 clubes del fútbol argentino, en el marco de presuntas maniobras de lavado de dinero y crecimiento patrimonial que ahora están bajo revisión judicial.

La Provincia de Córdoba comenzó el proceso de implementación de la tarjeta Micronauta, el nuevo sistema de pago que reemplazará a Red Bus para los usuarios que acceden a los distintos boletos sociales y educativos. La transición se extenderá hasta fin de año y será obligatoria para miles de estudiantes, docentes, trabajadores estatales, adultos mayores y beneficiarios de programas provinciales.

Micronauta será, desde 2026, la única tarjeta válida para utilizar el Boleto Educativo Cordobés (BEC), el Boleto Adulto Mayor (BAM) y el Boleto Social Cordobés (BSC). Red Bus seguirá funcionando hasta el 31 de diciembre, pero desde el 1° de enero los beneficios solo podrán utilizarse con el nuevo plástico.

Qué es la tarjeta Micronauta

Micronauta es una tarjeta exclusiva para los beneficios subsidiados por la Provincia, pensada para reemplazar el soporte físico de Red Bus y adaptarse al nuevo sistema de validación del transporte urbano. A diferencia de SUBE, que se usa para viajes comunes, Micronauta se destina únicamente a programas sociales y educativos, y será necesaria incluso para quienes no pagan el pasaje pero deben registrar su viaje.

El cambio forma parte de una modernización tecnológica impulsada por la Provincia para unificar criterios, mejorar controles y facilitar la renovación anual de beneficios.

Quiénes deben sacarla

Deberán tramitar la tarjeta Micronauta todas las personas que utilicen:

• Boleto Educativo Cordobés (BEC): estudiantes, docentes y personal no docente de todos los niveles.
• Boleto Adulto Mayor (BAM): jubilados y pensionados beneficiarios del programa.
• Boleto Social Cordobés (BSC): personas en situación de vulnerabilidad registradas en el programa.

En total, se estima que más de 180.000 usuarios deberán cambiar su tarjeta antes de fin de año.

Quedan exceptuados los beneficiarios del Boleto Obrero Social (BOS), que pasarán al sistema SUBE, no a Micronauta.

Cómo se hace el trámite

El trámite es presencial, gratuito y solo requiere:

• DNI
• Tarjeta Red Bus actual (si la persona ya la tiene)

Los puntos habilitados incluyen:

• Centros de Participación Comunal (CPC)
• Palacio 6 de Julio
• Terminal de Ómnibus T1 y T2
• Sedes de la Secretaría de Transporte Provincial

En todos los casos, el personal carga automáticamente el beneficio en la nueva tarjeta, por lo que los usuarios no deben hacer gestiones adicionales.

Qué pasa con la tarjeta Red Bus

Aunque Red Bus continuará en uso hasta el 31 de diciembre, la transición ya comenzó y se recomienda realizar el cambio cuanto antes para evitar demoras. El saldo cargado en Red Bus no se transfiere a Micronauta, por lo que los usuarios deberán consumirlo antes del fin de año.

El Gobierno nacional presentará el martes un proyecto de reforma laboral que promete profundas modificaciones en el mercado de trabajo argentino, con la intención de reducir los costos laborales para las empresas y, según sus impulsores, fomentar la formalización del empleo. El proyecto será enviado al Senado para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

Entre los principales cambios previstos se encuentra la redefinición de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, excluyendo conceptos como el aguinaldo y las vacaciones, lo que implicará una reducción significativa en los montos. Asimismo, se propone un nuevo sistema obligatorio de financiación de indemnizaciones mediante un aporte empresario del 3% descontado de las contribuciones patronales habituales.

La iniciativa también contempla una fuerte rebaja de los aportes patronales, con beneficios temporales para incentivar la generación de empleo formal, especialmente durante los primeros años de contratación. El proyecto busca terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, que sigan vigentes tras su vencimiento y dar prioridad a los acuerdos negociados por empresa.

Los sectores sindicales han manifestado su rechazo ante varias disposiciones, alertando sobre una posible pérdida de derechos laborales. A su vez, organizaciones empresariales han recibido positivamente la reducción de los costos laborales como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo. El debate parlamentario en el Senado será clave para definir el alcance de la reforma.

El proyecto forma parte de un paquete más amplio de reformas impulsado por el Ejecutivo, en medio de tensiones entre el Gobierno, los sindicatos y algunos sectores del Congreso. El objetivo declarado es modernizar las relaciones laborales en un contexto de inflación persistente y baja formalización del empleo.