Villa Allende avanzará con la instalación de portones que se cerrarán durante la noche, entre las 22 y las 6, en sectores puntuales de la ciudad. La medida generó cuestionamientos de la oposición y abrió un fuerte debate entre los vecinos.
La Municipalidad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, implementará desde febrero de 2026 una iniciativa sin antecedentes en la provincia para enfrentar la ola de hechos delictivos nocturnos: la instalación de portones que cerrarán calles secundarias durante la noche como parte de un plan municipal de seguridad.
La decisión, adoptada tras un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, se enmarca en una emergencia en materia de seguridad que rige en la ciudad desde 2023, cuando se registró un incremento sostenido de hechos delictivos. El tribunal consideró que el plan es “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”, habilitando la colocación de portones nocturnos en vías públicas.
Según datos oficiales, aproximadamente el 60% de los robos ocurren durante la noche, una cifra que el intendente Pablo Cornet y las autoridades locales citan como principal motivación para avanzar con la iniciativa.
El plan inicial comprende la instalación de 15 portones en las calles secundarias de los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, que se cerrarán entre las 22:00 y las 06:00 bajo el control de personal municipal. Algunos portones bloquearán por completo las cuadras, mientras que otros permitirán el paso peatonal para los residentes y autorizados.
El cierre nocturno busca restringir puntos de acceso y fuga utilizados por delincuentes, facilitando el trabajo de vigilancia y patrullaje en corredores más visibles y monitoreados.
La instalación de portones forma parte del denominado “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal”, que también incluye:
Incorporación de móviles de patrullaje.
Instalación de cámaras de seguridad adicionales y domos policiales.
Mejora de la iluminación pública.
Refuerzo con drones y otros medios tecnológicos.
Las autoridades municipales sostienen que estos elementos en conjunto generan “corredores seguros” y fortalecen la tarea preventiva estatal ante la delincuencia urbana.
Pese al respaldo judicial y al apoyo de algunos sectores de la comunidad, la medida generó fuertes críticas tanto de la oposición como de grupos vecinales que presentaron amparos colectivos para frenarla.
La concejal Marta Banegas, del bloque Elegí Villa Allende, expresó que el proyecto promueve “políticas de segregación” y que en lugar de abordar causas profundas de la inseguridad podría generar divisionismo social y limitar libertades como la circulación, además de señalar que el sistema de participación ciudadana (el “Registro de Oposición”) era insuficiente y no permitió una consulta amplia y representativa.