El embajador argentino en Israel y Chipre y ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue condenado este jueves a ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa que juzgó distintos hechos en el lapso de 2010 a 2015.

Tras la sentencia, el ex mandatario presentó su renuncia a su cargo, que fue aceptada por el Presidente.

La Justicia entrerriana lo encontró culpable del delito de negociación incompatible con la función pública y peculado.

El fallo que se conoció este jueves fue dictado por el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

Los jueces decidieron condenar a 8 años de prisión efectiva a Urribarri más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $180.000 por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.

Además, fueron condenados los ex ministros de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, entre otros imputados.

El juicio analizó varios episodios, como «El sueño entrerriano», que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, o «Causa del Mercosur», sobre contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014.

Para la Justicia, parte de esos fondos tuvieron como destino la campaña política del ex gobernador.

También indicaron en su fallo que hubo «retornos» por parte de los empresarios contratados.

Tras el fallo, Urribarri dijo que apelará y presentó su renuncia como embajador, que fue aceptada por el presidente Alberto Fernández.

«El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador», expresó en su cuenta de Twitter.

A Aguilera se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública por ser dueño de una de las imprentas a las que se giraron los trabajos financiados con dinero público y por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.

El expediente concentró cinco causas por diversas irregularidades. Fueron condenadas, además de Urribarri y Aguilera, otras 11 personas.

El proceso judicial comenzó en septiembre último y se extendió por casi 50 audiencias hasta que este jueves se procedió a la lectura de la sentencia.

Los motivos de la condena

Desde el pasado 27 de septiembre del 2021, se presentaron más de 70 testigos y numerosas pruebas dentro de cinco legajos de tres causas abiertas con la acusación de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.

Si bien eran tres, los fiscales Patricia Yedro, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano unificaron los expedientes porque todos se basaban en la «utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial» de Urribarri en 2015.

Contrataciones de empresas para publicaciones de solicitadas, para la instalación de un parador playero en Mar del Plata, para difundir spots de promoción de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014, y para publicidad callejera y en diarios y revistas son algunos de los principales casos en los que la fiscalía investigó presuntos desvíos de fondos.

Los fiscales consideraron además que se trató de un «direccionamiento de publicidad estática en favor de empresas cercanas a Urribarri», y donde los empresarios aceptaban las contrataciones pero debían «retornar parte del dinero».

Julián Maneiro, diputado provincial de Entre Ríos por la UCR, dijo que era «vox populi» que en su gobierno se sucedieron una serie de hechos de corrupción.

«Llevaron a varias denuncias en su contra a familiares, allegados y testaferros. Eran 12 personas investigadas. Desfilaron además de los informes policiales una cantidad importante de testigos».

Y apuntó: «Se lo condena entre otras cosa por manipulación y direccionamiento de publicidad con empresas de su entorno familiar en muchos millones de pesos. Era a través de su ex ministro de Prensa y su cuñado, que era funcionario pública y tenía empresas destinadas a la impresión pública callejera entre otras acciones publicitarias. 

En ese sentido, indicó que se estima que direccionó 50 millones de pesos a familiares y allegados a través de diferentes empresas. 

Los abogados defensores y los imputados alegaron que la investigación y todo el juicio se trató de una «persecución político judicial».

«¿Son conscientes, señores fiscales, del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron?», preguntó Urribarri en los alegatos de clausura, y destacó las «embestidas de periodistas obsesionados conmigo y mi familia» previo y durante el juicio.

Además, el exgobernador aseguró que se llegó a juicio «a fuerza de arbitrariedades, atropellos y violaciones a las garantías constitucionales y con fuerte presión mediática» y sin «racionalidad ni objetividad».

Otros ex funcionarios entrerrianos y empresarios condenados

Pedro Báez, en tanto, fue condenado a seis años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de $90.000 por peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles; y la misma pena recibió Juan Pablo Aguilera, funcionario del Senado provincial.

En tanto, tres años de prisión condicional y una multa de $90.000 fue la condena para Gustavo Tamay, empleado provincial; Gerardo Caruso, empresario; y Corina Cargnel, contadora de una de las empresas.

Si bien la fiscalía había solicitado 8 años de prisión para Cargnel, los jueces tuvieron en cuenta que «manejaba todo, pero hacía su tarea de contadora y no era funcionaria».

A su vez, Emiliano Giacopuzzi recibió la condena de dos años de prisión condicional, al igual que Luciana Almada; mientras que el empresario Germán Buffa fue condenado a un año y dos meses de prisión condicional.

Por otro lado, Maximiliano Cena, Alejandro Almada -ambos considerados testaferros-, Hugo Céspedes -fallecido durante el juicio-, Gustavo Tórtul, y el exministro de Turismo provincial Hugo Marsó, fueron absueltos.

También ordenaron el decomiso de dos viviendas ubicadas en la capital entrerriana, una motocicleta y dos autos.