La Cámara Novena del Crimen, por unanimidad y en una decisión inédita en la provincia de Córdoba, condenó a 9 años de prisión a Alan Amoedo tras considerarlo autor del delito de «homicidio simple con dolo eventual» y de «lesiones graves con dolo eventual», por las muertes de Sol Viñolo y Agustín Burgos y por las heridas gravísimas sufridas por Fernanda Guardia en el siniestro vial conocido como la «Tragedia de la Circunvalación».
El tribunal emitió un fallo histórico, ya que es la primera vez que se aplica la figura de homicidio simple con dolo eventual por las muertes y daños producidos en un siniestro vial, en consonancia con la pena que había pedido el fiscal Gustavo Arocena en su alegato.
Tras el histórico fallo, la única sobreviviente, Fernanda Guardia quien quedó con una discapacidad permanente, se mostró conforme con la condena y dijo que se le cruzó «darle un abrazo (a Amoedo), pobre pibe, `boludazo´, que alguien no haya podido darle antes un abrazo y decirle che loco, no te subás a ese auto que podés matar».
Más adelante, sostuvo que esperaba que «lo condenen por dolo, como el homicida que fue» y agregó que anhela que «el tratamiento penitenciario que reciba también le sirva, no solamente a él sino a un montón de `Amoedos´ que andan dando vueltas, para que tomen conciencia antes de subir al auto».
A su turno, Carlos Viñolo, padre de Sol, celebró la decisión del tribunal porque «se ha escuchado a las víctimas por sobre todas las cosas». Más adelante, se lamentó que las víctimas «no vuelven», aunque remarcó que lo que «más importa, es que no se rompa este contrato social que debe tener la justicia para con la sociedad, porque si no el día de mañana todo el mundo sale borracho a la ruta, mata gente y no pasa nada».
Por su parte, Claudio Orosz abogado representante de las familias, aseguró que «lo que nos habíamos propuesto era terminar con el paradigma de que estos son «accidentes» y que si la justicia no daba mensaje claros, eventos como estos se van a seguir repitiendo».
Más adelante, pidió que se invierta en prevención y educación vial. «Estaría bueno que tanta plata que se recauda con las multas, ya que la propia ley provincial lo dice, realmente se aplique para la prevención y educación, desde la escuela primaria tendríamos que tener clases de tránsito para que se respeten» las normas viales, concluyó Orosz.
Por su parte, Daniel Burgos, hermano de Agustin, la otra víctima fatal del siniestro, aseguró que «a partir de ahora, los borrachos violentos que matan personas en sus autos, lo van a pensar dos veces». Sostuvo que se hizo justicia «por mi hermano, por su hija, por mi mamá y mi papá, por los padres de Sol, por Fernanda y por todas las víctimas» y agregó que «a partir de ahora, se abre una bisagra y una oportunidad para que esto empiece a cambiar y los homicidas tengan la pena que se merecen».
Las autoridades nacionales emitieron una advertencia de riesgo extremo de incendios forestales que abarca gran parte del territorio argentino, en un escenario climático que preocupa por su potencial de propagación de focos en los meses de enero y febrero de 2026.
Riesgo máximo en 16 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) elevaron el peligro a nivel extremo en dieciséis provincias, que quedan marcadas en rojo en los mapas oficiales de riesgo. Las jurisdicciones alcanzadas cubren una extensa franja que va desde el norte del país hasta la Patagonia e incluyen:
Tucumán
Santiago del Estero
Córdoba
La Rioja
San Luis
Mendoza
Neuquén
Río Negro
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego
La Pampa
Buenos Aires
Santa Fe
Entre Ríos
Corrientes**
La advertencia implica que cualquier foco que se inicie puede desarrollarse con rapidez y que su control será cada vez más difícil si no se actúa en las etapas iniciales. Por eso, las autoridades instan a la población a extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego.
Por qué se decretó la alerta
El riesgo de incendios se evalúa mediante el Fire Weather Index (FWI), un índice meteorológico de origen canadiense que combina variables como temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitaciones acumuladas para estimar el comportamiento potencial de un incendio en un momento crítico del día, que suele concentrarse alrededor de las 16 h.
Debido a las condiciones ambientales actuales, con bajas humedades, altas temperaturas y vientos que facilitan la propagación del fuego, el valor del FWI alcanzó niveles que los técnicos consideran potencialmente explosivos o extremadamente críticos, lo que motivó la declaración de la alerta máxima.
Áreas y duración de la alerta
La advertencia cubre zonas diversas del país, desde las regiones cálidas del norte hasta áreas frías de la Patagonia, reflejando un patrón de riesgo amplio y heterogéneo. Las proyecciones climáticas señalan que, aunque las precipitaciones podrían presentarse de forma aislada, las condiciones generales para enero y febrero seguirán por encima de lo normal, manteniendo activo el peligro de incendios.
Un verano con alta vulnerabilidad
La advertencia se da en un contexto donde los fenómenos de calor y sequedad han marcado las últimas temporadas, y que en 2025 ya dejó antecedentes de focos importantes en regiones como la Patagonia, donde los incendios forestales consumieron miles de hectáreas y generaron evacuaciones y daños ambientales significativos.
Debido a este historial y a las condiciones actuales, el llamado de los organismos meteorológicos y de manejo del fuego es unánime y severo: el riesgo de incendios en Argentina está en niveles máximos, y la prevención ciudadana es clave para evitar que pequeños focos se conviertan en desastres de mayor magnitud.
Villa Allende avanzará con la instalación de portones que se cerrarán durante la noche, entre las 22 y las 6, en sectores puntuales de la ciudad. La medida generó cuestionamientos de la oposición y abrió un fuerte debate entre los vecinos.
La Municipalidad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, implementará desde febrero de 2026 una iniciativa sin antecedentes en la provincia para enfrentar la ola de hechos delictivos nocturnos: la instalación de portones que cerrarán calles secundarias durante la noche como parte de un plan municipal de seguridad.
La decisión, adoptada tras un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, se enmarca en una emergencia en materia de seguridad que rige en la ciudad desde 2023, cuando se registró un incremento sostenido de hechos delictivos. El tribunal consideró que el plan es “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”, habilitando la colocación de portones nocturnos en vías públicas.
Según datos oficiales, aproximadamente el 60% de los robos ocurren durante la noche, una cifra que el intendente Pablo Cornet y las autoridades locales citan como principal motivación para avanzar con la iniciativa.
El plan inicial comprende la instalación de 15 portones en las calles secundarias de los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, que se cerrarán entre las 22:00 y las 06:00 bajo el control de personal municipal. Algunos portones bloquearán por completo las cuadras, mientras que otros permitirán el paso peatonal para los residentes y autorizados.
El cierre nocturno busca restringir puntos de acceso y fuga utilizados por delincuentes, facilitando el trabajo de vigilancia y patrullaje en corredores más visibles y monitoreados.
La instalación de portones forma parte del denominado “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal”, que también incluye:
Incorporación de móviles de patrullaje.
Instalación de cámaras de seguridad adicionales y domos policiales.
Mejora de la iluminación pública.
Refuerzo con drones y otros medios tecnológicos.
Las autoridades municipales sostienen que estos elementos en conjunto generan “corredores seguros” y fortalecen la tarea preventiva estatal ante la delincuencia urbana.
Pese al respaldo judicial y al apoyo de algunos sectores de la comunidad, la medida generó fuertes críticas tanto de la oposición como de grupos vecinales que presentaron amparos colectivos para frenarla.
La concejal Marta Banegas, del bloque Elegí Villa Allende, expresó que el proyecto promueve “políticas de segregación” y que en lugar de abordar causas profundas de la inseguridad podría generar divisionismo social y limitar libertades como la circulación, además de señalar que el sistema de participación ciudadana (el “Registro de Oposición”) era insuficiente y no permitió una consulta amplia y representativa.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó este 29 de diciembre de 2025 una serie de modificaciones a la Ley Provincial de Tránsito N.º 8.560, con el objetivo de actualizar el marco normativo, fortalecer el control vial y adaptarlo a los avances tecnológicos. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo provincial y con apoyo de bloques opositores, incorpora nuevas sanciones, moderniza procedimientos y promueve mecanismos educativos para reducir la siniestralidad en rutas y calles de la provincia.
Uso de luces diurnas en rutas y autovías
Uno de los cambios más visibles es la modificación del artículo 74, que permite el uso de las luces diurnas de circulación (DRL o LDC) durante el día en rutas y autovías provinciales, siempre que el vehículo encienda automáticamente la luz de posición trasera. Esto busca armonizar en parte la normativa provincial con la práctica de muchos vehículos modernos y la legislación nacional, que ya permite las DRL en rutas nacionales.
Según la nueva redacción de la ley, todos los vehículos que circulen por rutas nacionales y provinciales —en cualquier momento del día, en tramos interurbanos, túneles y sectores señalizados— deberán llevar las luces bajas encendidas y en correcto funcionamiento, manteniendo la obligación que ya regía para reforzar la visibilidad y la seguridad vial.
Sanciones más estrictas para infracciones graves
La actualización del artículo 115 amplía y endurece las sanciones para conductas consideradas de alto riesgo. Entre las conductas que ahora contemplan penas más severas se encuentran:
Circular sin seguro obligatorio.
Exceder los límites máximos de velocidad.
Realizar adelantamientos en zonas prohibidas.
Superar el peso o las dimensiones permitidas en vehículos de transporte.
Conducir sin habilitación o estando inhabilitado.
Abandonar el lugar tras un siniestro vial.
Contaminar el ambiente.
Manejar de forma imprudente o temeraria.
Estos cambios buscan sancionar con mayor firmeza las faltas que tienen mayor impacto en la seguridad vial, incentivando el respeto a las normas y reduciendo los riesgos en la vía pública.
Integración de tecnología en los controles
La reforma del artículo 108 habilita el uso de actas digitales y la constatación de infracciones mediante medios remotos y tecnológicos, como cámaras, sensores y otros dispositivos electrónicos. Esta medida permite considerar estos mecanismos como pruebas válidas, reduciendo el uso de papel, agilizando procesos y facilitando la labor de las autoridades de control.
Además, se incorporan herramientas de notificación digital a través de plataformas como Ciudadano Digital y dispositivos electrónicos, con el fin de modernizar y hacer más eficiente el sistema de fiscalización.
Trabajo comunitario y programas educativos como sanción
El artículo 121 fue reformado para incluir el trabajo comunitario en dependencias oficiales, municipales o instituciones de bien público como una de las sanciones posibles para infractores. Esta modalidad se suma a las tradicionales multas económicas, con el objetivo de promover la responsabilidad social y la reflexión sobre las consecuencias de las infracciones.
Asimismo, la normativa permite exigir la asistencia a cursos, talleres educativos o programas terapéuticos y de orientación, que deberán dictarse fuera de juzgados y dependencias policiales. Esta medida apunta a fomentar la educación vial y la modificación de conductas de riesgo como complemento a las sanciones.
Reincidencia como agravante
Con la creación del artículo 121 bis, la ley incorpora la figura de reiterancia, que permitirá considerar la reincidencia en infracciones como un factor agravante al momento de aplicar sanciones. Esto será posible incluso antes de que quede firme la resolución sancionatoria anterior, otorgando mayor flexibilidad a las autoridades para evaluar el comportamiento de infractores habituales.
Enfoque preventivo y amplio consenso legislativo
Las modificaciones aprobadas no solo buscan endurecer sanciones, sino también fortalecer la prevención de siniestros viales y la educación ciudadana. Para ello, el texto de la ley fue trabajado y compatibilizado con iniciativas de diferentes bloques legislativos, incluyendo aportes de especialistas y organizaciones vinculadas a la seguridad vial.
El proyecto recibido en la Unicameral incluía aportes de legisladores de distintos espacios, lo que permitió un amplio consenso político en torno a la necesidad de modernizar y ajustar la normativa a las necesidades actuales de circulación, control y sanción.
Las autoridades provinciales explicaron que la reforma tiene por finalidad mejorar la seguridad vial, endurecer las sanciones para las conductas más peligrosas y sumar herramientas tecnológicas y educativas que permitan prevenir accidentes y reducir la reincidencia en las faltas de tránsito.
Con estos cambios, Córdoba se suma a otras jurisdicciones que han actualizado sus marcos normativos para acompañar la evolución del tránsito, los avances tecnológicos y las nuevas necesidades de control y educación vial.
Durante los festejos de Nochebuena en Villa Sarmiento, partido de Morón, una niña de 12 años identificada como Angelina fue alcanzada por una bala perdida que impactó en la parte posterior de su cráneo, un hecho que conmocionó a la comunidad y encendió el debate sobre la inseguridad y el uso imprudente de armas en celebraciones festivas.
La investigación penal y las pericias médicas y balísticas dieron avances clave en las últimas horas. Según fuentes del caso, la tomografía realizada a la menor indicó que el proyectil que la hirió sería de calibre 40, aunque los investigadores no descartan que pueda tratarse de un calibre 9 mm, por lo que las pericias balísticas continúan para precisar el tipo de arma y su origen.
Los fiscales a cargo de la causa entre ellos Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón trabajan en recolectar evidencia y comparar la bala que quedó alojada en el cráneo de Angelina con vainas servidas encontradas en las cercanías, con el objetivo de reconstruir la trayectoria del disparo y encontrar el arma utilizada.
La menor permanece internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, donde fue trasladada tras ser atendida inicialmente en el Hospital San Juan de Dios.
Los médicos lograron estabilizarla, aunque aún no fue sometida a cirugía para extraer el proyectil, que continúa alojado en la fosa posterior del cráneo sin orificio de salida, lo que complica el procedimiento.
Según los familiares, la niña no tiene comprometida la función motora por el momento, y el cuadro sigue siendo monitoreado minuto a minuto por los equipos médicos. La familia permanece en el sanatorio y, si bien no se brindan partes médicos oficiales, los allegados describieron una situación de alta preocupación y expectativa por su recuperación.
¿Cómo ocurrió el hecho?
El hecho se produjo cerca de las 0:02 del 25 de diciembre, cuando Angelina estaba con su familia y varios primos en la calle observando fuegos artificiales, en el marco de los festejos navideños. La niña se desplomó repentinamente, gritó que “le quemaba la cabeza” y cayó al suelo con un sangrado evidente en la nuca.
Las autoridades trabajan con la hipótesis de que el disparo provino de alguien que accionó un arma al aire durante los festejos, transformando un elemento festivo en un peligro letal. Personal de la Policía Científica secuestró múltiples vainas servidas en viviendas cercanas, lo que podría ayudar a identificar si los proyectiles provienen de la misma arma o de varios tiradores.